El proyecto de ley propone la creación del programa “Argentina Inclusiva”, destinado a la capacitación permanente y obligatoria a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en materia de discapacidad y accesibilidad universal.
El costo fiscal asociado a la ejecución de la capacitación que se propone se estima mediante el cálculo de los costos de tres conjuntos de actividades asociadas:
- Elaboración, difusión y circulación de los lineamientos generales y certificación de las capacitaciones.
- Preparación del contenido la capacitación.
- Dictado de la capacitación a los agentes del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF).
Si se asume la contratación de nuevo personal para el desarrollo de las actividades descriptas, el impacto fiscal asociado a la medida se ubicaría entre $3.300 y $3.660 millones en 2024, equivalente al 0,0006% del Producto Interno Bruto (PIB).
