DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023 DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023 DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

El Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2023 estima ingresos por un total de $22.304.058 millones, 1,1% mayores en términos reales respecto del año anterior y equivalentes al 15,2% del PIB.

El gasto total tendrá una reducción del 2,8% (año contra año) a/a en moneda constante y de 1,0 punto en términos del PIB. Por menores subsidios y prestaciones sociales, el primario cae 4,3% a/a.

El pago de los intereses de la deuda se proyecta en $2.656.308 millones, con una suba real de 15,1% a/a.

Los déficits serán más moderados que este año: el primario equivaldría a 2,5% del PIB (3,6% del PIB en 2022), el financiero a 4,3% del PIB (5,2% en 2022) y el económico a 2,8% del PIB (3,7% en 2022).

  • Para cubrir los saldos negativos se acudirá a fuentes financieras estimadas en $30.194.668 millones y aplicaciones financieras previstas en un monto de $23.794.816 millones.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JULIO 2022

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JULIO 2022

Con un creciente gasto en subsidios energéticos y algunos programas sociales, durante los primeros siete meses del año la Administración Nacional registró un déficit primario de $1.538.364 millones, 71,0% superior al del mismo período del año anterior.

  • Computando el pago de los intereses de la deuda, el déficit financiero resultó 41,1% mayor y llegó $2.202.759 millones.
  • Los ingresos totales tuvieron una caída de 0,4% real mientras que el gasto se incrementó 7,7%.
  • El deterioro de la recaudación se centró en recursos no tributarios como el Aporte Solidario y transferencias de capital.
  • El gasto primario subió 8,3%, básicamente por los subsidios energéticos y los programas sociales.
  • Al 31 de julio los gastos totales devengaron $8.661.651 millones, equivalentes al 52,7% del crédito presupuestario vigente.
  • Los programas sociales superaron esa proporción (66,6%). Por el contrario, los otros subsidios económicos tuvieron una ejecución bastante inferior al promedio de los gastos (28,6%).
  • Se destaca la ejecución de los planes Potenciar Trabajo (83,6%) y Políticas Alimentarias (67,2%).
  • Durante los primeros siete meses del año el crédito presupuestario prorrogado aumentó en $5.649.535 millones, con el mayor refuerzo concentrado en jubilaciones y pensiones.
INFORME SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2021

INFORME SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2021

Tanto en la Administración Nacional como el Sector Público no Financiero tuvieron resultados deficitarios durante el ejercicio 2021, aunque con leves mejoras respecto de los obtenidos en el 2020.

Descontando los aportes del Banco Central al Tesoro de la Nación, el déficit primario de la Administración Nacional se ubicó en $2.112.859 millones, equivalente a 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el resultado financiero fue negativo en $2.883.501 millones, 6,2% del PIB.

  • Hubo diecinueve modificaciones presupuestarias, tres a través de decretos de necesidad y urgencia, que incrementaron el déficit financiero de la administración nacional en $938.004 millones.
  • Los déficit primario y financiero fueron 67,2% y 44,2% superiores a los proyectado en el presupuesto, respectivamente.
  • Los Derechos Especiales de Giro y el Aporte Solidario Extraordinario (1,4% del PIB), impulsaron en gran medida el desvío de los ingresos percibidos respecto a lo proyectado en la ley de presupuesto (24,9%).
  • Los gastos, también superaron las previsiones en 28,2%, fundamentalmente por los programas sociales, que superaron en 128,4% al crédito inicial. Además, los subsidios energéticos fueron 58,8% superior a lo proyectado ($387.597 millones).
  • Las jubilaciones y pensiones cayeron 4,4% año contra año (a/a) en términos reales. En sentido contrario, las transferencias de capital y los subsidios energéticos lideraron los incrementos interanuales, con subas de 187,0% a/a y 60,2% a/a, respectivamente.
  • El déficit financiero del Sector Público Nacional no financiero (neto de utilidades del BCRA) se ubicó en 4,1% del PIB, moderado por el superávit de los fondos fiduciarios.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JUNIO 2022

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JUNIO 2022

En el primer semestre la Administración Nacional registró un déficit primario de $1.395.180 millones y uno financiero de $1.922.347 millones, desmejorando ambos resultados en 92,1% año contra año (a/a) y 51,8% a/a, respectivamente. Esto fue resultado de una caída real de los ingresos totales contra una expansión de los gastos totales de 9,6% a/a.

  • El déficit económico fue de $1.413.575 millones, con un incremento de 82,7% a/a.
  • Debido a la menor recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario los ingresos totales cayeron 0,4% a/a real. Si se omitiera el cómputo de ese ingreso excepcional, crecerían 4,0% a/a.
  • En la comparación interanual, crecieron 2,8% a/a los ingresos tributarios y 8,9% a/a los de la Seguridad Social.
  • Los gastos primarios subieron 10,7% a/a.
  • Los programas sociales se incrementaron 28,9% a/a y continúan liderando el crecimiento de las prestaciones sociales.
  • Al 30 de junio los gastos totales ascendieron a $7.244.098 millones, equivalentes al 44,1% del crédito presupuestario vigente. Superan ese nivel de ejecución los programas sociales y los subsidios energéticos.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – FEBRERO 2022

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – FEBRERO 2022

A pesar de un aumento interanual de la recaudación de 11,2% en términos reales, los déficits primario y financiero de la Administración Nacional en febrero se profundizaron respecto al mismo mes del año anterior.

  • Los ingresos tributarios subieron 13,0% año contra año (a/a) y los de Seguridad Social un 9,0% a/a.
  • El Impuesto PAIS tuvo un incremento de 119,6% a/a y el del Impuesto al Cheque de 48,2% a/a.
  • Los gastos primarios crecieron 14,3% a/a, básicamente impulsados por los subsidios a la energía que se incrementaron 109,6% a/a.
  • El déficit primario se incrementó en 31,6% a/a en términos reales y el financiero lo hizo en 13,1% a/a y llegó a $217.498 millones.
  • Los intereses de deuda retrocedieron 15,9% a/a por la disminución de pagos de obligaciones en pesos.
  • Al 28 de febrero los gastos totales devengaron $1.846.988 millones, equivalentes al 17,1% del crédito presupuestario vigente.
  • La ejecución de los intereses de deuda fue de 26,2% del crédito vigente. En contraste, el de la inversión real directa fue del 8,1%, similar a los registros pre pandemia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

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