El artículo 106 del proyecto de ley suspende la movilidad de ajustes trimestrales para haberes y asignaciones familiares, sujeto a la evolución de los salarios y recursos de Anses, y atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar esas actualizaciones sin definir un parámetro para hacerlo. Esto impide hacer un cálculo preciso del impacto fiscal, pero habilita a describir posibles escenarios según el criterio que utilice ese poder en el futuro.

• Si no hubiese ningún aumento durante el año los haberes sufrirían un deterioro de 69,9% en su poder de compra y las prestaciones previsionales pasarían del 6 al 4,5% del PBI. La mitad de los beneficiarios resultarían indigentes y un 33% de ellos serían pobres.
• Si sólo hubiese ajuste para los más bajos ingresos, la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9%. Anses tendría un superávit de 1,2% del PBI y las prestaciones previsionales representarían 5% del PBI.
• Si se incrementaran en la misma proporción todos todos los haberes según la evolución de los fondos de Anses, la pérdida común sería de 19%. Si esta estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos la pérdida del resto subiría al 40%.
• Si todos los haberes se incrementaran según la inflación, no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de Anses subiría a 0,8% del PBI.
• Desde la aplicación de la fórmula de ajuste vigente (2021) hasta diciembre de 2023, los haberes mínimos que tuvieron bonos completos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 3,6% y el resto de 36,5%.
• El desacople entre precios y jubilaciones se produjo desde julio de 2022, cuando se aceleró la inflación.

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