ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ABRIL 2023

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ABRIL 2023

Producto de un recorte en el gasto público y a pesar de una merma en los ingresos totales, durante el primer cuatrimestre del año los déficits financiero y primario de la Administración Pública Nacional cayeron 2,2% y 9,3% en términos reales, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior.

  • Los ingresos se contrajeron 9,1% y los gastos totales retrocedieron 7,6% en términos reales.
  • El resultado primario fue negativo en $1.035.318 millones, lo que implicó una disminución de 9,3% a/a en relación con el déficit alcanzado un año atrás.
  • El gasto primario cayó 9,2%, con una disminución más pronunciada en asignaciones familiares (29,9%), subsidios a la energía (29,5% a/a) y los gastos de capital (26,0% a/a).
  • En sentido contrario, los intereses de la deuda crecieron 9,1% a/a, los gastos en personal 9,2% a/a, los subsidios al transporte 24,8% a/a y las pensiones no contributivas 9,3% a/a.
  • El gasto destinado a las jubilaciones y pensiones se contrajo 2,5%. Desde enero de 2022, los haberes jubilatorios que reciben bonos subieron 2,4% y los que no, cayeron 18,4%.
  • La ejecución de los gastos equivale al 27% del crédito, 11,8 puntos porcentuales por debajo que el del año anterior.
  • Políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo presentan los niveles más elevados: 47,0% y 40,5%, respectivamente.
  • Por el otro lado, las transferencias de capital a empresas públicas y a fondos fiduciarios para la ejecución de obras, ejecutaron el 17,9% y 19,6%, respectivamente.
MONITOR DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL

MONITOR DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL

Bienvenido al monitor de Recaudación Tributaria Nacional. Aquí encontrará información referida a los recursos tributarios recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tienen por destino a las diferentes jurisdicciones del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF).

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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE ENTES PÚBLICOS EXCLUÍDOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – MAYO 2023

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE ENTES PÚBLICOS EXCLUÍDOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – MAYO 2023

  • En el ejercicio 2022, las organizaciones nacionales identificadas como “Otros Entes” tuvieron gastos equivalentes a 1,55% del Producto Bruto Interno y recursos que representaron 1,73% del PIB-
  • Eso implicó una mejora del resultado obtenido el año previo, en el que este conjunto también tuvo ingresos superiores a sus erogaciones.
  • A partir del ejercicio 2020, el subsector fue superavitario en el orden del 0,2% del PBI, por los resultados positivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
  • Se aprecia una disminución gradual pero permanente en los gastos durante los últimos diez años, del 1,77% del PBI, en 2012, al 1,55% en 2022, básicamente por la caída de erogaciones en personal y transferencias a pasivos.
  • El INSSJP y la AFIP concentraron en promedio el 65% y 27%, respectivamente, de los ingresos del subsector durante la última década.
  • Otros Entes ocupan en conjunto casi 38.000 empleados, el 8% del plantel total del Poder Ejecutivo más el Poder Judicial.
  • Este subsector tiene sistemas propios para generar información contable, financiera y presupuestaria y obligación de remitir periódicamente información a la Secretaría de Hacienda, deber que en algunos casos se cumple parcialmente.
  • No existen en los grandes sistemas presupuestarios (SIFEP ó SIDIF) detalle de los beneficiarios de las transferencias a privados ni de los avances en la ejecución física de sus presupuestos.
  • A partir del 2002 los otros entes fueron excluidos del alcance de la ley de presupuesto nacional.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
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