El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.
El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.
Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.
El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
En mayo la Administración Nacional registró un superávit primario de
$23.990 millones pero un déficit financiero de $22.388 millones, en un marco de
aceleración en la caída de ingresos en términos reales. Los gastos, también en
contracción, tuvieron el séptimo mes de retroceso medidos contra la inflación.
En el periodo enero-mayo los gastos de la Administración Nacional se
incrementaron 40,8% año contra año. Los intereses de la deuda, las
transferencias a provincias y subsidios económicos registran las mayores
expansiones en el periodo con 91,8%, 57,7% y 52,5% a/a, respectivamente. Por
debajo de la suba del gasto total, se encuentran las prestaciones sociales
(34,9% a/a), los gastos de funcionamiento (33,9% a/a) y los gastos de capital
(-13,0% a/a).
Las prestaciones sociales explican el 45,7% del incremento del gasto total,
en tanto los intereses contribuyen con 30,7%. Ambas explican el 76,4% del incremento del gasto en el periodo
bajo análisis.
En mayo los ingresos de la administración nacional (40,5% a/a) volvieron a crecer por encima de los gastos (36,9% a/a), aunque el diferencial se reduce a 3,6 p.p. (5,2 p.p. en abril).
El gasto en personal registra en mayo una caída real de 14,6% a/a, en consonancia con la retracción experimentada en el salario de algunos sectores (SINEP).
Transcurridos cinco meses del año, el resultado financiero acumulado es deficitario en $180.512 millones, reflejando una reducción real de 17,0% con relación al registrado en igual periodo del año anterior.
En lo que va del año, los componentes del gasto que más crecieron fueron Intereses de la Deuda (91,8% a/a), Transferencias a provincias (57,7% a/a) y Subsidios Económicos (52,5% a/a). En el otro extremo, el gasto de capital se contrae 13,0% a/a en términos nominales.
El 76,3% de gasto de la administración nacional es rígido.
Finalizado mayo, el grado de ejecución del gasto total ascendió a 35,4% respecto del crédito vigente, superior al nivel observado durante el mismo periodo del año previo, que alcanzó el 32,3%.
En el presente informe se analiza el gasto público social contemplado en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2019, desde una perspectiva financiera y física.
A tal efecto, se delimita como gasto público social al conjunto de erogaciones de la Administración Pública Nacional clasificadas en la finalidad 3 como Servicios Sociales, que comprenden los gastos vinculados a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos.
