La OPC capacita en la lectura del Proyecto de Ley de Presupuesto

La OPC capacita en la lectura del Proyecto de Ley de Presupuesto

El martes 5 de septiembre la Oficina de Presupuesto del Congreso dictó un curso de capacitación en la interpretación del Proyecto de Ley de Presupuesto a los asesores parlamentarios.

El taller congregó en el salón Moreno Frondizi del Senado a asesores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras y la apertura de la actividad estuvo a cargo del director general, Gabriel Esterelles.

La exposición de los contenidos fue realizada por la analista de la Dirección de Análisis Presupuestario de la OPC, Julieta Olivieri, con la asistencia de sus colegas Laura Cafarelli y Romina Muras.

La convocatoria capacitadora se realizó bajo el título de “Claves para entender el Proyecto de Ley de Presupuesto, contenido general” con el propósito de facilitar algunas herramientas para la comprensión de esa iniciativa, antes que el Poder Ejecutivo gire al Congreso su propuesta para el próximo ejercicio fiscal.

El curso es parte de una serie de actividades que la Oficina previó para asistir técnicamente a los legisladores en ese análisis.

Desde el jueves 7 se dictará un taller virtual de tres módulos de 90 minutos de duración: uno de concepto generales, otro de financiamiento y el último de ingresos. En este caso, abierto a todos los asesores de ambas cámaras.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JULIO 2023

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JULIO 2023

En un marco de disminución de todos los resultados deficitarios de la Administración Pública Nacional, en los siete primeros meses del año el défcit primario se redujo 22,6% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.

  • Los ingresos totales del período disminuyeron 5,1% y los gastos totales 6,0%.
  • La mayor caída recaudatoria se registró en los Derechos a la Exportación: 56,2%.
  • Los gastos primarios retrocedieron 8,3% real en el período.
  • La disminución real más relevante se registró en las transferencias a provincias (28,0% a/a), fundamentalmente por menor asistencia a provincias y municipios y la compensación por el traspaso de la fuerza policial a C.A.B.A.
  • También hubo recortes relevantes en asignaciones familiares (25,3% a/a), subsidios a la energía (22,9% a/a) y programas sociales (21,3% a/a).
  • El pago de intereses de deuda se incrementó 21,2%.
  • Los gastos totales representaron el 57,9% del crédito presupuestario vigente. Por encima del promedio se registran programas sociales como las prestaciones alimentarias otorgadas con tarjeta (84,3%), el Potenciar Trabajo (81,6%) y las becas Progresar (76,6%).
  • Se asignó parte del refuerzo presupuestario dispuesto por el Congreso para políticas alimentarias y para el Plan Progresar en $43.705 millones y $31.000 millones, respectivamente.
  • Quedan disponibles $10.000 millones de un total de reservas presupuestarias para el ejercicio de $1.207.507 millones.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ABRIL 2023

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ABRIL 2023

Producto de un recorte en el gasto público y a pesar de una merma en los ingresos totales, durante el primer cuatrimestre del año los déficits financiero y primario de la Administración Pública Nacional cayeron 2,2% y 9,3% en términos reales, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior.

  • Los ingresos se contrajeron 9,1% y los gastos totales retrocedieron 7,6% en términos reales.
  • El resultado primario fue negativo en $1.035.318 millones, lo que implicó una disminución de 9,3% a/a en relación con el déficit alcanzado un año atrás.
  • El gasto primario cayó 9,2%, con una disminución más pronunciada en asignaciones familiares (29,9%), subsidios a la energía (29,5% a/a) y los gastos de capital (26,0% a/a).
  • En sentido contrario, los intereses de la deuda crecieron 9,1% a/a, los gastos en personal 9,2% a/a, los subsidios al transporte 24,8% a/a y las pensiones no contributivas 9,3% a/a.
  • El gasto destinado a las jubilaciones y pensiones se contrajo 2,5%. Desde enero de 2022, los haberes jubilatorios que reciben bonos subieron 2,4% y los que no, cayeron 18,4%.
  • La ejecución de los gastos equivale al 27% del crédito, 11,8 puntos porcentuales por debajo que el del año anterior.
  • Políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo presentan los niveles más elevados: 47,0% y 40,5%, respectivamente.
  • Por el otro lado, las transferencias de capital a empresas públicas y a fondos fiduciarios para la ejecución de obras, ejecutaron el 17,9% y 19,6%, respectivamente.
MONITOR DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL

MONITOR DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL

Bienvenido al monitor de Recaudación Tributaria Nacional. Aquí encontrará información referida a los recursos tributarios recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tienen por destino a las diferentes jurisdicciones del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF).

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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE ENTES PÚBLICOS EXCLUÍDOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – MAYO 2023

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE ENTES PÚBLICOS EXCLUÍDOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – MAYO 2023

  • En el ejercicio 2022, las organizaciones nacionales identificadas como “Otros Entes” tuvieron gastos equivalentes a 1,55% del Producto Bruto Interno y recursos que representaron 1,73% del PIB-
  • Eso implicó una mejora del resultado obtenido el año previo, en el que este conjunto también tuvo ingresos superiores a sus erogaciones.
  • A partir del ejercicio 2020, el subsector fue superavitario en el orden del 0,2% del PBI, por los resultados positivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
  • Se aprecia una disminución gradual pero permanente en los gastos durante los últimos diez años, del 1,77% del PBI, en 2012, al 1,55% en 2022, básicamente por la caída de erogaciones en personal y transferencias a pasivos.
  • El INSSJP y la AFIP concentraron en promedio el 65% y 27%, respectivamente, de los ingresos del subsector durante la última década.
  • Otros Entes ocupan en conjunto casi 38.000 empleados, el 8% del plantel total del Poder Ejecutivo más el Poder Judicial.
  • Este subsector tiene sistemas propios para generar información contable, financiera y presupuestaria y obligación de remitir periódicamente información a la Secretaría de Hacienda, deber que en algunos casos se cumple parcialmente.
  • No existen en los grandes sistemas presupuestarios (SIFEP ó SIDIF) detalle de los beneficiarios de las transferencias a privados ni de los avances en la ejecución física de sus presupuestos.
  • A partir del 2002 los otros entes fueron excluidos del alcance de la ley de presupuesto nacional.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

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