El proyecto dispone la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario con el objetivo de generar fondos tributarios que permitan implementar medidas orientadas a morigerar el efecto económico de la pandemia del Covid-19.

Propone la implementación de un impuesto aplicable a las personas humanas con bienes declarados por más de $200 millones durante el ejercicio 2019, bajo un esquema de alícuotas progresivo, en que las alícuotas progresivas van desde 2% hasta 5,25%.

Según cifras de AFIP, la recaudación podría alcanzar los $307.898 millones (equivalente a 1,1% del PIB del corriente año, dado que la base imponible habría trepado a $8.856.961 millones (41,1% del PIB).

La incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del Aporte Solidario en análisis sea aproximadamente 4 veces superior a la de dicho tributo.

El Proyecto de Ley S-1565/19 para la Ley Nacional de Juventudes tiene por objeto instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de la juventud, así como la implementación de políticas públicas para garantizar y promover su ejercicio efectivo.

El Proyecto de Ley promueve cambios en la estructura institucional con competencia sobre los sectores y áreas que intervienen en los temas de juventudes. En particular, propone la creación de tres organismos de promoción de las juventudes, a saber: la Secretaría Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), como entidad descentralizada de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Federal de las Juventudes, en el ámbito del INJUVE.

El Proyecto de Ley prevé que las partidas necesarias para su cumplimiento no podrán ser inferiores al 0,02% del total de los Ingresos Corrientes contemplados en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

A partir de ello se estima que el costo fiscal asociado al Proyecto de Ley ascendería a $928 millones en 2020 y a $1.344 millones en 2021.