• – Si el haber de los independientes fuera autofinanciado, su aporte al total del sistema pasaría del 3,4% al 15,7%. En términos absolutos, se quintuplicaría la recaudación de diciembre pasado: de $9.556 millones subiría a $50.533 millones.
• – Los autónomos tienen una alta carga impositiva, que puede representar hasta el 50% de sus ingresos. Para los monotributistas representa en promedio el 4%.
• – El sistema de aportes a la Seguridad Social entraña cierta regresividad, ya que su peso es relativamente mayor para las categorías más bajas.

• Argentina tiene menor tasa de actividad y de empleo que América Latina y el Caribe y que la OCDE y mayor tasa de desempleo que ambos conjuntos de países.
• La tasa de empleo se mantuvo relativamente estable entre 2007-2021, período que presentó tanto fases alcistas como de estancamiento/caída en la actividad económica.
• Desde 2012 no hubo aumento en el porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia.
• La actividad laboral cae de forma pronunciada a partir de los 40 años de edad.
• Aunque está en edad de trabajar, el 17,4% de la población argentina no tiene empleo ni lo busca.
• Hay mayor nivel de desocupación, inactividad e informalidad en mujeres, a pesar de tener niveles educativos más altos.
• Cerca de la mitad de las mujeres y un cuarto de los varones sin empleo son profesionales.
• En hogares donde uno de sus responsables es informal o desocupado/a empeoran los indicadores de condiciones de vida, aunque hay trabajadores formales que habitan en hogares pobres e incluso indigentes.
• La cantidad de personas beneficiarias de programas de empleo resulta baja, más aún considerando que el número de desocupados muestra una tendencia creciente desde 2014.
• Se observa un cambio de perfil en la política estatal de mercado de trabajo, reemplazando estrategias de reinserción de desocupados en el mercado formal por la promoción de proyectos propios.
• Al no evidenciarse en la práctica una planificación central del Potenciar Trabajo, que oriente los proyectos a unidades productivas sostenibles en el tiempo que impliquen una real inserción en el mercado de trabajo formal, este programa culmina presentando un perfil de tipo asistencialista o de sostenimiento, en lugar de una política de mercado de trabajo efectiva.
• Los niveles de desempleo y de trabajo informal en el país superan ampliamente el número de beneficiarios del Potenciar Trabajo por lo que esta política no resulta suficiente para modificar la situación laboral y económica de las personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.

• El sistema previsional administrado por ANSES contaba a diciembre de 2021 con 9.905.314 aportantes únicos, que representan el 48% de la población activa.
• Existían 5.420.234 beneficiarios, 75,9% de la población en edad teórica pasiva.
• El 95,9% de los beneficios otorgados corresponden al régimen general y dos tercios de ellos son beneficiarios de moratorias.
• Existe un 29% de trabajadores informales que no aparados por ningún régimen y más de 600 mil personas siguen trabajando para complementar sus haberes.
• El sistema sólo cubre el 51% de los beneficios que paga. Para cerrar la brecha: o se duplican los activos aportantes o se incrementan 26 puntos porcentuales los aportes sobre remuneraciones.
• Los monotributistas representan el 16,9% de la población que realiza aportes, pero éstos representan sólo el 1,3% del financiamiento contributivo del sistema.
• Cerca de 1,3 millón de personas se encuentran desocupadas y no realizan ningún aporte.
• A priori, las jubilaciones del régimen general no permiten mantener el nivel de consumo de los activos. Una reducción de la tasa de reemplazo alejaría más de la principal premisa de un sistema previsional que es garantizar la distribución intergeneracional del ingreso.

El rol de las mujeres como cuidadoras del hogar y, estrechamente vinculado a esto, la maternidad, explican la posición desventajosa en la que se ubican las mujeres en el mercado laboral y en el acceso a beneficios previsionales, lo que contribuye al origen y permanencia de las brechas de género.

En el mercado laboral argentino existe una penalización a las madres:

• La probabilidad que una madre se inserte a la fuerza laboral remunerada es 11,5 puntos porcentuales menor que una mujer sin hijos/as, efecto que se acentúa en el caso de tener niños/as menores de 10 años.
• Una mujer con hijos/as percibe un salario 12% menor que el de una mujer que no es madre, siendo esta penalidad mayor en presencia de hijos/as adolescentes.
• Esas desventajas se agravan con la cantidad de hijos: una mujer con tres o más hijos/as tiene 15 puntos porcentuales menos de probabilidad de trabajar que una mujer que no es madre y un salario relativo 18% más bajo.
• La mayor penalidad por maternidad se presenta en las mujeres más jóvenes, en las de calificación intermedia (con secundario completo), y en las que integran el mercado laboral informal.
• Este fenómeno agudiza la brecha y la pobreza de los hogares y refuerza su reproducción. El 31% de los hogares argentinos están a cargo de una mujer.
• Madres solas con hijos menores de 18 años son las que perciben el menor salario por hora.
• Las mujeres de hasta 29 años pueden ganar 42% menos en caso de tener tres o más hijos/as.
• Sólo el 25% de las madres logra alcanzar los años de aportes requeridos por la normativa, mientras que el porcentaje es de 41% cuando se analizan las mujeres que no tienen hijos/as.
• Dentro de este selecto grupo, 9 de cada 10 madres y poco más de 8 de cada 10 mujeres sin hijos/as tienen estudios universitarios completos

Si no se atienden cuestiones estructurales que impiden alcanzar los años de aportes requeridos y el foco se coloca sólo en el acceso a los beneficios previsionales, se podrían agravar las consistencias económicas y financieras del sistema jubilatorio.

La formalización del trabajo sumaría recursos a las arcas públicas facilitando el autofinanciamiento del sistema previsional.

La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública postula la revisión de los regímenes previsionales especiales a fin de formular una propuesta de modificación al Congreso Nacional.

Del análisis de cinco de los siete regímenes previsionales especiales –docentes no universitarios; docentes universitarios; investigadores y científicos; trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales y de Luz y Fuerza) se concluye que su haber promedio resulta significativamente superior al haber promedio general y explica el 27% del déficit previsional contributivo, aunque representaron sólo el 10% del gasto previsional en marzo 2020.

• Son sistema de órbita pública y su movilidad está vinculada a la evolución del salario activo, con menos preponderancia de la inflación, como ocurre en el régimen general. Por eso en los dos últimos años el déficit de éste último ganó peso relativo en relación al otro.
• Pero el conjunto de los Regímenes Especiales contemplados en esta proyección estaría incrementando su déficit contributivo durante 2020.
• El haber de los docentes no universitarios duplica el promedio del régimen general; el de los investigadores y trabajadores del Yacimiento de Río Turbio lo cuadruplica.
• Los haberes aseguran entre el 70% (Luz y Fuerza) y el 85% (investigadores y científicos) de la remuneración en el momento del retiro, pero las distintas fórmulas de ajuste de jubilaciones sólo en algunos regímenes garantizan el mantenimiento de ese parámetro.
• Los haberes especiales deberían reducirse entre 29 y 41% para tener la misma equivalencia (sustitución de salarios) del régimen general.
• Desde 2018 a junio pasado, todos los regímenes analizados muestran una movilidad real negativa, que va desde una merma del 10,92% en el régimen general, hasta una caída del 23,69% para las prestaciones correspondientes a Luz y Fuerza.

Como el Estado es quien emplea y cubre el déficit, para cerrar esta brecha, no serviría subir las contribuciones patronales ni la edad jubilatoria, cambio que suele tener efecto recién en mediano plazo. Sí podría tener un eventual impacto fiscal más inmediato la suba de contribuciones personales o establecer un tope equivalente al haber máximo del régimen general.

• A partir de los 40 años el número de aportantes empieza a decaer, particularmente en el sector privado, lo que indica que hay una “expulsión del mercado de trabajo” a partir de esa edad.
• Ese fenómeno, sumado a la alta informalidad, hace imposible el acceso a beneficios previsionales a largo plazo.
• El 40,6% de los aportantes son mujeres y 59,4% son varones, indicio de que una gran parte de la fuerza laboral femenina se encuentra fuera del mercado formal.
• Más del 50% los activos del régimen general perciben remuneraciones por debajo de 2,5 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y 15,4% de los varones y 19,7% de las mujeres perciben salarios iguales o inferiores al salario mínimo
• Una jubilación equivale al 38,1% del ingreso de un activo
• El 54,9% de los beneficios del régimen general requirió de una moratoria.
• El 67,6% de los haberes están otorgados a una mujer, incorporada en gran medida a través de una moratoria.
• Excluyendo los regímenes especiales, el 86,1% de los beneficios son iguales o menores a dos jubilaciones mínimas.
• El valor de la jubilación representa el 38,1% de la jubilación media percibida por los trabajadores en los diez años previos a su retiro.

CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO POBLACIONAL DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL NACIONAL