El único programa vigente de Argentina con el FMI es el Extended Fund Facility (EFF) de 2022, con un stock valuado al 30 de septiembre de USD42.181 millones.

La tasa de interés que pagan los préstamos con el organismo se integra por una tasa base y sobrecargos que aplican sobre el excedente del saldo total de deuda del país con el Fondo sobre cierto porcentaje de la cuota del país.

El directorio ejecutivo del FMI modificó la política de cargos y sobrecargos que comenzará a regir desde el 1° de noviembre de 2024 y consiste en la reducción del margen fijo sobre la tasa de los DEG de 1% a 0,6%, el incremento en el umbral sobre el que aplican los sobrecargos por monto de 187,5% sobre la cuota del país en el FMI a 300%, y la disminución en los sobrecargos por plazo del 1% al 0,75%.

Al aplicar las nuevas condiciones, los intereses estimados desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2034 se reducirían un 14%, USD2.265 millones, totalizando USD13.781 millones. El 51% de la reducción en los intereses proyectados estimados se concentra en los próximos 3 años (2025-2027).

En el primer semestre de 2024 el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $166,5 billones, lo que representó un incremento de 98,6% con respecto al cierre del año 2023. Las emisiones netas ascendieron a $17 billones, y los ajustes al capital por valuación y la capitalización de intereses incrementaron el stock en $66 billones.

Por otro lado, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en el equivalente a USD9.436 millones en el mismo periodo, por cancelaciones netas de capital de USD8.120 millones y ajustes de capital por USD1.316 millones.

• El FMI anunció una nueva línea de crédito, el RSF, con tasas de interés bajas y plazos de repago extensos.
• El financiamiento del RSF se focaliza en objetivos de largo plazo (cambio climático y pandemias).
• Argentina podría solicitar financiamiento por hasta USD1.300 millones.

El Gobierno acordó un nuevo programa con el FMI que incluye financiamiento por USD44.400 millones, destinado a repagar el programa anterior y a apoyo presupuestario.

Incluye condicionalidades que se serán evaluadas en revisiones trimestrales.

Las principales metas refieren a la reducción del déficit y del financiamiento del BCRA, y a la acumulación de reservas internacionales.

Para el resto de 2022 se prevé financiamiento neto del FMI por USD6.400 millones.

Hasta 2027 se estiman pagos de intereses al FMI por USD1.600 millones por año.

Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) constituyen una importante fuente de financiamiento para países emergentes, especialmente en épocas de crisis en las que el acceso a los mercados de deuda se ve restringido.

El stock total de los préstamos de IFIs a nuestro país al 30 de septiembre de 2021 asciende a USD68.062 millones y representa 21% de la deuda pública bruta y 16% del PIB. Del monto total, 63% corresponde al FMI, 19% al BID, 11% al Banco Mundial, 5% a CAF y 1% a otros organismos.

Entre 2005 y 2020 se recibieron desembolsos brutos de IFIs por aproximadamente USD83.574 millones, de los cuales USD44.477 millones correspondieron al préstamo SBA de 2018, USD19.731 millones a préstamos del BID y USD12.299 millones a préstamos del Banco Mundial.

Del total de desembolsos, excluyendo el préstamo del FMI, 21% se destinó a proyectos de desarrollo social, 16% a vialidad y transporte, 8% a salud, a educación, a energía y a abastecimiento de agua y saneamiento, respectivamente, y 7% a fortalecimiento de la gestión pública.

Los procedimientos de la administración gubernamental en lo relativo a la gestión del gasto público y de las compras y contrataciones determinan en muchos casos la existencia de un plazo de tiempo entre la generación de una obligación de pago derivada de un gasto y su efectiva cancelación. En cualquier momento dado, los gastos realizados que por diversos motivos todavía no han sido pagados constituyen lo que se conoce como deuda flotante.

La deuda flotante constituye un pasivo del Estado, en la medida que representa obligaciones ciertas pendientes de pago. No obstante, según la normativa argentina no forma parte de la deuda pública, que es deuda instrumentada a través de la emisión de títulos y la obtención de préstamos. Por lo tanto, no está incluida en las estadísticas de deuda pública.

Los gastos pendientes de pago comprenden tanto obligaciones que están dentro de su plazo de pago como obligaciones ya vencidas (atrasos), que involuntaria o intencionalmente no fueron canceladas a su fecha de vencimiento. La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía.

El volumen de gastos devengados en un año que quedó pendiente de pago al cierre del ejercicio alcanzó 6,7% del total devengado en 2013. El ratio disminuyó hasta un mínimo de 3,7% en 2017, para luego revertir la tendencia declinante en los últimos períodos, llegando a 4,5% en 2019. En relación al Producto, los gastos pendientes de pago oscilaron entre 0,7% y 1,4% del PIB desde 2012. En promedio, 97% de la deuda flotante se pagó durante el primer año posterior al devengamiento del gasto que la originó.