• En el ejercicio 2022, las organizaciones nacionales identificadas como “Otros Entes” tuvieron gastos equivalentes a 1,55% del Producto Bruto Interno y recursos que representaron 1,73% del PIB-
• Eso implicó una mejora del resultado obtenido el año previo, en el que este conjunto también tuvo ingresos superiores a sus erogaciones.
• A partir del ejercicio 2020, el subsector fue superavitario en el orden del 0,2% del PBI, por los resultados positivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
• Se aprecia una disminución gradual pero permanente en los gastos durante los últimos diez años, del 1,77% del PBI, en 2012, al 1,55% en 2022, básicamente por la caída de erogaciones en personal y transferencias a pasivos.
• El INSSJP y la AFIP concentraron en promedio el 65% y 27%, respectivamente, de los ingresos del subsector durante la última década.
• Otros Entes ocupan en conjunto casi 38.000 empleados, el 8% del plantel total del Poder Ejecutivo más el Poder Judicial.
• Este subsector tiene sistemas propios para generar información contable, financiera y presupuestaria y obligación de remitir periódicamente información a la Secretaría de Hacienda, deber que en algunos casos se cumple parcialmente.
• No existen en los grandes sistemas presupuestarios (SIFEP ó SIDIF) detalle de los beneficiarios de las transferencias a privados ni de los avances en la ejecución física de sus presupuestos.
• A partir del 2002 los otros entes fueron excluidos del alcance de la ley de presupuesto nacional.

• En el Sector Público Argentino (Nacional, Provincial y Municipal) existen una importante cantidad de fondos fiduciarios públicos. El presente informe se focaliza en los veintiocho fondos fiduciarios del Sector Público Nacional no Financiero cuyo fiduciante total o mayoritario es la Administración Nacional.
• El régimen presupuestario de los fondos fiduciarios no tiene las mismas reglas que las que rigen para el presupuesto de la Administración Nacional.
• En 2021 los gastos de estos fondos fueron equivalentes al 0,7% del PBI nacional, mientras que sus recursos alcanzaron el 2,1%.
• Los recursos de los Fondos Fiduciarios crecieron a un mayor ritmo que los gastos a partir de 2018, generando un excedente de liquidez: el superávit financiero se amplió de 0,08% del PIB en 2012 a 1,42% del PBI en 2021.
• En el año 2021, el 58% de sus recursos fueron provistos por el Tesoro Nacional, el 18% de recursos tributarios y el 17% de rentas a la propiedad.
• Los principales fondos son destinados a subsidiar energía y transporte o a financiar obras públicas.
• El DNU 829/2022 prohibió desde el 1 de enero de 2023 la realización de transferencias a fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes que cuenten con fondos de libre disponibilidad.
• No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados.

Según la definición utilizada para este estudio, en la órbita del Sector Público Nacional no Financiero existen 34 empresas públicas, incluyendo a YPF SA. Suman un total de 111 mil empleados, equivalentes al 39% de las plantas permanentes y transitorias de la Administración Nacional, con remuneraciones semejantes a las firmas privadas del rubro.

Algunas empresas registran resultados positivos (fundamentalmente YPF, acompañada muy lejos por Nucleoeléctrica Argentina y otras empresas pequeñas). Ellas conviven con otras que registran desequilibrios, sin registrar los aportes del Tesoro Nacional, como ENARSA (ex IEASA), Aerolíneas Argentinas, y AySA, todas con resultados negativos superiores a los $100 mil millones en 2021.

• En 2021 el conjunto de empresas recibió del Tesoro Nacional $719 mil millones, 84% superior a lo originalmente presupuestado.
• La asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas ha crecido a valores equivalentes a 1,5% del PIB en 2021.
• En muchos casos los déficits no se deben a ineficiencias sino a políticas públicas de tarifas que influyen en sus ingresos. (fundamentalmente ENARSA, AYSA y OPERADORA FERROVIARIA)
• Las empresas públicas ejecutan casi el 60% de la inversión real directa del sector público, básicamente AySA, Enarsa y ADIF.
• No hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de leyes que ordenan al Tesoro no transferir fondos a empresas cuyos presupuestos no estén aprobados por el Ejecutivo.
• Los riesgos fiscales originados por las empresas se explican principalmente por dos juicios en EE.UU. contra YPF por su proceso de nacionalización y por daños ambientales, ya que las garantías soberanas y deudas financieras y comerciales del sector no son relevantes.

Sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad y es posible recortarlo o reasignarlo. Esta proporción, sobre la que el Gobierno tiene mayor margen de acción, fue disminuyendo en los últimos años y actualmente el “espacio fiscal” –tanto desde las erogaciones como por la afectación de recursos en el presupuesto- es muy reducido.

• Durante el período comprendido entre 2010 y 2021 los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implicaron alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9%).
• Este segmento del gasto rígido alcanza máximos de 80,0% en 2019 y mínimos de 57,9% en 2014.
• El componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo. Explica el 84,0% del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional y entre 2010 y 2010 su ponderación pasó de 19,8% a 25,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
• En el 2021 Los gastos con rigidez alta afectan aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participan con el 24,8% y el resto (11,5%) corresponde a aquellos gastos más factibles de reasignar.
• Entre 2010 y 2016 el gasto total creció 6,2 puntos porcentuales (p.p.) del PIB y, de dicha variación, el 90% lo explicó el crecimiento del gasto de rigidez alta.
• Entre 2015 y 2019 se produjo un incremento sostenido en la participación del gasto con alta rigidez, alcanzando un promedio anual de 72,9% del total, mientras que el peso de los gastos sin rigidez y con rigidez media en el total cayó a un promedio anual de 11,1% y 16,0%, respectivamente.

La presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.