Según la información provista por la cuenta de inversión, a fin del 2024 el gasto consolidado de los otros entes públicos resultó equivalente a 1,7% del PIB, 0,1 p.p. menos que en 2023.

• El resultado financiero se mantuvo en -0,1% del PIB en los años 2023 y 2024.

• El financiamiento se compuso mayoritariamente por contribuciones a la seguridad social (41,1% del total en 2023, y un 42,2% en 2024), ingresos tributarios (25,5% y 27,1%, respectivamente) y transferencias provenientes de ANSES (13,5% y 13,4%).
• En 2024 aumentó la participación de la asistencia financiera del Tesoro, dirigida casi exclusivamente al INSSJYP-PAMI, pasando de 0,1% en 2023 a 7,6% en 2024.
• En 2024 se retrae la dotación del personal de los otros entes en 1.903 agentes, pasando de 35.336 personas en 2023 a 33.433 en 2024.
• El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 prevé la aprobación de los presupuestos de algunos de los entes excluidos de la APN, entre los que se destacan los del INSSJYP-PAMI y ARCA. Además, se instruye al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las adecuaciones necesarias para incorporar a estos organismos en el presupuesto de la Administración Nacional.

Según la información provista por la cuenta de inversión, a fin del 2024 existían 27 fondos fiduciarios, cuyo gasto consolidado resultó equivalente a 0,4% del PIB. Respecto al ejercicio anterior, ésto implicó una caída de 0,5 p.p. para este subsector.

• El resultado financiero de los fondos fiduciarios empeoró entre 2023 y 2024, reduciéndose el superávit de 1,1% a otro de 0,3% del PIB (0,8 p.p. menor).
• Si de los ingresos se restan las transferencias que realizó la Administración Pública Nacional (APN), esos superávits se reducen a 0,5% y 0,1% del PIB, respectivamente.
• Las asistencias de la APN han tenido una participación de 33,9% en el total de los recursos consolidados de los fondos en 2024, 5,5 p.p. más que el año anterior.
• El más relevante en términos de ingresos y gastos en el 2024 fue el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT).

Durante el 2024 se redujeron los gastos operativos y las inversiones de las empresas públicas y disminuyó su déficit operativo, que en conjunto sumó el equivalente a 0,03% del PIB. Sin las transferencias del Tesoro Nacional, ese resultado negativo hubiese subido al 0,8% del PIB.

• En 2024, el conjunto de empresas públicas presentó un total de ingresos por $11,2 billones, de los cuales $4,2 billones correspondieron a transferencias del Tesoro Nacional.

• En algunos casos, como SOFSE (ferrocarriles) o ENARSA (energía), la asistencia del Tesoro es necesaria para sostener políticas de subsidios y no para cubrir déficits operativos convencionales de las compañías.

• La dotación de personal disminuyó 14,1% en 2024 respecto del año anterior.

• Los gastos de operación (remuneraciones y bienes y servicios) insumieron $8,2 billones.

• La participación del subsector en el gasto del Sector Público Nacional es decreciente.

• Los ingresos disminuyeron un 30,2% real respecto del año anterior y los gastos 39,1%.

• En el ejercicio 2022, las organizaciones nacionales identificadas como “Otros Entes” tuvieron gastos equivalentes a 1,55% del Producto Bruto Interno y recursos que representaron 1,73% del PIB-
• Eso implicó una mejora del resultado obtenido el año previo, en el que este conjunto también tuvo ingresos superiores a sus erogaciones.
• A partir del ejercicio 2020, el subsector fue superavitario en el orden del 0,2% del PBI, por los resultados positivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
• Se aprecia una disminución gradual pero permanente en los gastos durante los últimos diez años, del 1,77% del PBI, en 2012, al 1,55% en 2022, básicamente por la caída de erogaciones en personal y transferencias a pasivos.
• El INSSJP y la AFIP concentraron en promedio el 65% y 27%, respectivamente, de los ingresos del subsector durante la última década.
• Otros Entes ocupan en conjunto casi 38.000 empleados, el 8% del plantel total del Poder Ejecutivo más el Poder Judicial.
• Este subsector tiene sistemas propios para generar información contable, financiera y presupuestaria y obligación de remitir periódicamente información a la Secretaría de Hacienda, deber que en algunos casos se cumple parcialmente.
• No existen en los grandes sistemas presupuestarios (SIFEP ó SIDIF) detalle de los beneficiarios de las transferencias a privados ni de los avances en la ejecución física de sus presupuestos.
• A partir del 2002 los otros entes fueron excluidos del alcance de la ley de presupuesto nacional.

• En el Sector Público Argentino (Nacional, Provincial y Municipal) existen una importante cantidad de fondos fiduciarios públicos. El presente informe se focaliza en los veintiocho fondos fiduciarios del Sector Público Nacional no Financiero cuyo fiduciante total o mayoritario es la Administración Nacional.
• El régimen presupuestario de los fondos fiduciarios no tiene las mismas reglas que las que rigen para el presupuesto de la Administración Nacional.
• En 2021 los gastos de estos fondos fueron equivalentes al 0,7% del PBI nacional, mientras que sus recursos alcanzaron el 2,1%.
• Los recursos de los Fondos Fiduciarios crecieron a un mayor ritmo que los gastos a partir de 2018, generando un excedente de liquidez: el superávit financiero se amplió de 0,08% del PIB en 2012 a 1,42% del PBI en 2021.
• En el año 2021, el 58% de sus recursos fueron provistos por el Tesoro Nacional, el 18% de recursos tributarios y el 17% de rentas a la propiedad.
• Los principales fondos son destinados a subsidiar energía y transporte o a financiar obras públicas.
• El DNU 829/2022 prohibió desde el 1 de enero de 2023 la realización de transferencias a fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes que cuenten con fondos de libre disponibilidad.
• No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados.

Según la definición utilizada para este estudio, en la órbita del Sector Público Nacional no Financiero existen 34 empresas públicas, incluyendo a YPF SA. Suman un total de 111 mil empleados, equivalentes al 39% de las plantas permanentes y transitorias de la Administración Nacional, con remuneraciones semejantes a las firmas privadas del rubro.

Algunas empresas registran resultados positivos (fundamentalmente YPF, acompañada muy lejos por Nucleoeléctrica Argentina y otras empresas pequeñas). Ellas conviven con otras que registran desequilibrios, sin registrar los aportes del Tesoro Nacional, como ENARSA (ex IEASA), Aerolíneas Argentinas, y AySA, todas con resultados negativos superiores a los $100 mil millones en 2021.

• En 2021 el conjunto de empresas recibió del Tesoro Nacional $719 mil millones, 84% superior a lo originalmente presupuestado.
• La asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas ha crecido a valores equivalentes a 1,5% del PIB en 2021.
• En muchos casos los déficits no se deben a ineficiencias sino a políticas públicas de tarifas que influyen en sus ingresos. (fundamentalmente ENARSA, AYSA y OPERADORA FERROVIARIA)
• Las empresas públicas ejecutan casi el 60% de la inversión real directa del sector público, básicamente AySA, Enarsa y ADIF.
• No hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de leyes que ordenan al Tesoro no transferir fondos a empresas cuyos presupuestos no estén aprobados por el Ejecutivo.
• Los riesgos fiscales originados por las empresas se explican principalmente por dos juicios en EE.UU. contra YPF por su proceso de nacionalización y por daños ambientales, ya que las garantías soberanas y deudas financieras y comerciales del sector no son relevantes.