El Proyecto de Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores (S-2729/19) tiene por objeto erradicar toda práctica que constituya violencia hacia las personas adultas a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en particular los referidos al derecho a la integridad física, moral y al desarrollo de una vida digna en la vejez.

En función del análisis efectuado, se consideró que las medidas con impacto fiscal para el Estado Nacional presentes en el Proyecto de Ley serían las vinculadas con las campañas de difusión (Art. 9, inciso 1) y los programas de asistencia económica a adultos mayores (Art. 9, inciso 4).

En relación con las primeras, se estima un costo fiscal mensual promedio de $53,4 millones. Por su parte, en relación con los segundos, no ha sido posible efectuar la estimación del impacto fiscal de la medida en virtud de requerir información relativa al alcance y modalidad del beneficio previsto.

El Proyecto de Ley S-2286/2020 menciona que el contexto económico generado por la pandemia ha generado un crecimiento de los micro y pequeños emprendimientos en la Argentina, muchos de ellos fuertemente intensivos en el uso de internet.

En ese marco, propone un alivio fiscal a la importación de servicios digitales para los emprendedores, basado en la exención del Impuesto PAIS y del IVA para los servicios digitales importados, siempre que esas importaciones sean hechas por emprendimientos o Instituciones de Capital Emprendedor, en los términos de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.

Se estima que el impacto fiscal del proyecto sería una caída en la recaudación impositiva de $3.277 millones para el año 2021.

El Proyecto de Ley S-1156/2020 de Agricultura Familiar Sostenible tiene por objeto promover la agroecología e impulsar hábitos de consumo saludables que tiendan a constituir un sistema alimentario sostenible en Argentina y a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada.

El presente informe tiene por objetivo la evaluación del impacto fiscal del Proyecto, a requerimiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. El análisis considera la versión del Proyecto remitida a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el 22 de octubre de 2020.

El proyecto propone la creación de un registro de productores agropecuarios que utilizan riego intensivo en el uso de energía eléctrica por red y dispone un conjunto de medidas fiscales tendientes a incentivar a dichos productores a su reemplazo por tecnologías para riego de menor demanda de energía.

Los beneficios propuestos en el proyecto son la rebaja de la alícuota del IVA para la compra de energía eléctrica, reducción en las tarifas vigentes de energía y la posibilidad de acceso a líneas de crédito para la reconversión energética.

Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal directo de este proyecto sería muy reducido, dado que el mecanismo de reducción de IVA en las compras de determinados eslabones en la cadena productiva no tiene impacto directo, sino financiero para los contribuyentes sujetos a dicho impuesto.

El proyecto dispone la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario con el objetivo de generar fondos tributarios que permitan implementar medidas orientadas a morigerar el efecto económico de la pandemia del Covid-19.

Propone la implementación de un impuesto aplicable a las personas humanas con bienes declarados por más de $200 millones durante el ejercicio 2019, bajo un esquema de alícuotas progresivo, en que las alícuotas progresivas van desde 2% hasta 5,25%.

Según cifras de AFIP, la recaudación podría alcanzar los $307.898 millones (equivalente a 1,1% del PIB del corriente año, dado que la base imponible habría trepado a $8.856.961 millones (41,1% del PIB).

La incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del Aporte Solidario en análisis sea aproximadamente 4 veces superior a la de dicho tributo.

El Proyecto de Ley S-1565/19 para la Ley Nacional de Juventudes tiene por objeto instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de la juventud, así como la implementación de políticas públicas para garantizar y promover su ejercicio efectivo.

El Proyecto de Ley promueve cambios en la estructura institucional con competencia sobre los sectores y áreas que intervienen en los temas de juventudes. En particular, propone la creación de tres organismos de promoción de las juventudes, a saber: la Secretaría Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), como entidad descentralizada de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Federal de las Juventudes, en el ámbito del INJUVE.

El Proyecto de Ley prevé que las partidas necesarias para su cumplimiento no podrán ser inferiores al 0,02% del total de los Ingresos Corrientes contemplados en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

A partir de ello se estima que el costo fiscal asociado al Proyecto de Ley ascendería a $928 millones en 2020 y a $1.344 millones en 2021.