El Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 estima un crecimiento del PIB de 4%. De verificarse esta dinámica, el producto superaría en 2022 el nivel pre-pandemia, aunque se mantendría 3,5% por debajo al máximo registrado en 2017.

El tipo de cambio nominal (TCN) se ubicaría en $102,4 en diciembre de 2021 y en $131,1 en diciembre de 2022. Esto implica una apreciación del tipo de cambio real bilateral.

• El Índice de Precios al Consumidor cerrará este año 45,1% y 33% en 2022.
• El superávit comercial de 2021 se recortará 27,6% por el aumento de las importaciones. Los cálculos se basan en el supuesto de que las ventas al exterior del segundo semestre de este ejercicio se incrementarán 37%.
• En el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2022 se espera que los ingresos participen en un 16,7% del PIB, lo que implicaría 1,0 p.p. menos respecto a la participación proyectada para el cierre de 2021.
• Asimismo contempla que los gastos primarios representen el 20,3% del PIB en 2022, lo que implicaría una disminución de 1,5 p.p. con relación al ejercicio vigente, impulsada por la contracción de los subsidios energéticos (0,8 p.p.) y los programas sociales (0,5 p.p.). Por otra parte, los gastos de capital crecerían 0,3 p.p. Computando el pago de los intereses de la deuda, los gastos totales participarían con el 21,9% del PIB, implicando una caída de 1,3 puntos con relación a 2021.
• La dinámica entre ingresos y gastos resultaría en una mejora de los resultados económico, primario y financiero que, a pesar de ello, seguirían siendo negativos. El déficit económico proyectado para el año próximo es de 2,9% del PIB, el primario de 3,6% y el financiero de 5,2%.
• Crece la inversión real directa, destacándose dentro de los proyectos de inversión la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas. Dentro de la adquisición de bienes, sobresale la compra de equipamiento informático, en el marco del Plan Federal Juana Manso – Conectar Igualdad.
• Se proyecta destinar $122.265 millones para la compra de vacunas contra le COVID-19: 80 millones de dosis para inocular a 40.975.941 personas.
• En el Poder Ejecutivo se proyectan 5.873 cargos más que los vigentes, destacándose 2.245 cargos en el Ministerio de Seguridad (38,2%).
• De los 95 artículos del proyecto de ley, alrededor de 34 no corresponden a materia específica presupuestaria y, por lo tanto, deberían ser objeto de otras normas.
• Según las proyecciones propias de la Oficina de Presupuesto del Congreso el actual ejercicio cerraría con un adicional de gastos de $375.809 millones, equivalentes a 0,87% del PIB: el 47,2% por mayores fondos estimados para las Prestaciones Sociales y un 23,9% para los subsidios energéticos.

El Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para 2021 prevé para el año próximo una disminución de los déficits por la parcial recuperación de la economía, con un aumento de inversiones públicas y disminución en el pago de intereses de la deuda.

• Según los supuestos macroeconómicos del Proyecto, el Producto Interno Bruto (PIB) sufrirá este año una caída real de 12,1%, el tipo de cambio nominal será de $81,4 al cierre del ejercicio y la inflación interanual del 32%. Para el año próximo se prevé una suba real del PIB de 5,5%, una cotización de $102,4 por dólar en diciembre y una inflación de 29% año contra año (a/a).
• Los recursos subirán 9,7% a/a en términos reales y los gastos totales tendrán una caída de 10,4% a/a.
• Esta dinámica entre ingresos y gastos implica para 2021 una mejora en el resultado primario, que pasaría de un déficit de 8,5% del PIB en 2020 a otro de 4,5% en 2021. Lo mismo ocurriría con el resultado financiero, que variaría de un déficit de 10,5% del PIB en 2020 a otro de 6,0% en 2021.
• Los gastos de capital tendrán la mayor suba real y los intereses de la deuda la baja más pronunciada.
• Las necesidades de financiamiento brutas en el próximo ejercicio serán de $6.452.854 millones (17,2% PIB). El Banco Central aportará al Tesoro $800.000 millones, 62,2% menos que este año.
• Se estima una recuperación de las exportaciones, que pasarán de un retroceso de 14,2% a/a este año a una suba de 10,4% a/a el próximo.
• El Proyecto de Presupuesto no prevé ni asignaciones financieras para IFE ni para asistencia para pago de salarios privados (ATP), pero sí aumento de 24,1% de recursos para vacunas ($45.400 millones), entre las cuales se encuentran la compra de dosis contra el COVID-19 ($13.698 millones).

El Congreso de la Nación no sancionó el Proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el Gobierno Nacional para el ejercicio 2020. A partir de ello, el Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del presupuesto 2019, y su consecuente distribución, con la adecuación del presupuesto a la nueva estructura ministerial, pero sin efectuar los ajustes en la estimación de
los recursos y de los gastos, tal como indica la Ley de Administración Financiera en el artículo 27.

De acuerdo con lo expresado en el Decreto 4 de prórroga, “la crisis de deuda, económica y social genera un manto de incertidumbre que impide definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley 24.156, de Administración Financiera”, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros a adecuar el presupuesto que se prorroga en el
marco de lo previsto en el citado artículo. Todo ello se estima se realizará hasta que sea aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto 2020 que presente oportunamente el Poder Ejecutivo.

El presente informe tiene por objetivo brindar a una descripción abarcativa del contenido básico del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2020, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional a mediados de septiembre.

La volatilidad económica y financiera existente, el impasse en la aplicación  del acuerdo con el FMI y la necesidad de un proceso de reprogramación de la deuda pública, han determinado importantes modificaciones en las proyecciones macroeconómicas presentadas. Si a ello se le agregan los resultados del proceso eleccionario que originaron un cambio de las autoridades políticas a partir del 10 de diciembre y, por tanto, una muy probable modificación de prioridades en la asignación de los recursos públicos, los mismos configuran temas que relativizan el abordaje realizado en este informe. Pero resulta imprescindible su realización, ya que será muy útil para comprender las rigidices en el presupuesto nacional originadas por normas legales adoptadas con anterioridad, así como para aportar elementos de juicio en el proceso de discusión y aprobación legislativa.