Entre enero y septiembre de este año la Administración Nacional redujo en términos reales el déficit primario (68,8%), financiero (57,3%) y económico (74,7%) en comparación al mismo período del año previo.
Durante los primeros nueve meses del año los ingresos de la Administración Nacional crecieron 25,4% en términos reales, básicamente por una mejor recaudación del IVA y los $ 427.401 millones provenientes de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibió Argentina de acuerdo con su cuota de participación en el FMI.
El gasto primario cayó 3,2% pero con un comportamiento dispar por rubro.

• Las jubilaciones y pensiones tuvieron una disminución en términos reales de 7,4% por la aplicación de la fórmula de movilidad están sujeta los regímenes de ANSES.
• Los programas sociales presentaron una disminución en términos reales del 45%, por la eliminación de IFE y ATP, que se compensó parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas tales como como el Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, las becas PROGRESAR y el REPRO.
• Los subsidios energéticos y gastos de capital lideran la expansión de los gastos, con aumentos de 56,9% y 71,9%, respectivamente.
• La suba de los ingresos tributarios y de la Seguridad Social están en parte determinados por la baja base de comparación anual, ya que la actividad económica del año anterior estuvo deprimida por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
• Cayó 25% el pago de intereses de la deuda, por la reestructuración de obligaciones expresadas en moneda extranjera, parcialmente compensada por el aumento de pagos a organismos multilaterales.
• La inversión pública en Vivienda y Urbanismo se incrementó 280% en promedio, por aliento al Pro.Cre.Ar y al Fondo Fiduciario de Vivienda Social.
• Se registró una caída de 24,9% a/a en las rentas a la propiedad, básicamente por los menores intereses provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
• El presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $1.152.852 millones, cuyo destino prioritario fueron los programas sociales ($342.160 millones), los subsidios energéticos ($209.061 millones) y la inversión pública ($104.847 millones).
• Al 30 de septiembre los gastos totales devengaron $6.991.315 millones, equivalentes al 73,2% del crédito presupuestario vigente, nivel superior al registrado en 2020, cuando alcanzó el 66,0%.
• La ejecución de subsidios a la energía alcanzó el 88,4% y las partidas financiadas con el Aporte Solidario y Extraordinario, el 70,9%.

Impulsados por la fuerte suba de los Derechos de Exportación, IVA e Impuesto a las Ganancias, en ese orden, los ingresos de la Administración Nacional se incrementaron en agosto 12,3% en términos reales año contra año.

Básicamente por el incremento en gastos de capital y subsidios energéticos, los gastos primarios volvieron a crecer por encima de la inflación por segunda vez en el año, quebrando la tendencia contraria que manifestaron en los cinco últimos meses: 5,0% a/a.

La dinámica entre ingresos y gastos arrojó una mejora en términos reales de los resultados económico, financiero y primario: los déficits disminuyeron 39,3% a/a, 21,7% a/a y 13,3% a/a, respectivamente, en la comparación interanual.

• Los aportes a la Seguridad Social crecieron 4,2% año contra año. La cantidad de aportantes al sistema se incrementó pero la remuneración imponible creció por debajo de la inflación.
• Desde mayo ingresaron $179.285 millones por el Aporte Solidario y Extraordinario y se gastaron $65.938 millones.
• Los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ascendieron a $102.935 millones y aumentaron 126,6% a/a, tanto por la brecha entre el costo de generación y las tarifas como por la mora en el pago de las distribuidoras eléctricas.
• A fin de agosto se ejecutaron alrededor de $256.752 millones, equivalente al 61,5% del crédito vigente ($417.187 millones) para atender los gastos ligados al combate del COVID-19.
• El presupuesto inicial del ejercicio se incrementó en $1.015.103 millones, cuyo destino prioritario fueron los programas sociales, los subsidios energéticos y la adquisición y distribución de las vacunas.