El proyecto de ley para la promoción de la actividad turística con origen en el Senado de la Nación tendrá un costo fiscal estimado de 86.697 millones de pesos, tanto por los mayores gastos que afrontará la Administración Nacional como por los ingresos que debería resignar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
La estimación no incluye el costo de la prórroga de impuestos, medida con costo financiero pero no económico.
Aquel número surge de trabajar sobre el supuesto de un 50% de la masa salarial deducible del Impuesto a las Ganancias y la baja en la alícuota del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, porcentaje no explicitado en el texto.
La iniciativa parlamentaria propone un plan de asistencia de ciento ochenta días a algunas empresas radicadas en zonas del país que dependen prioritariamente de esta actividad, conformado por incentivos fiscales y programas estímulos concebidos sobre la base de aporte de fondos públicos o menor cobro de impuestos.