ESTUDIO DE RIGIDECES PRESUPUESTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – 2010 A 2021

ESTUDIO DE RIGIDECES PRESUPUESTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – 2010 A 2021

Sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad y es posible recortarlo o reasignarlo. Esta proporción, sobre la que el Gobierno tiene mayor margen de acción, fue disminuyendo en los últimos años y actualmente el “espacio fiscal” –tanto desde las erogaciones como por la afectación de recursos en el presupuesto- es muy reducido.

  • Durante el período comprendido entre 2010 y 2021 los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implicaron alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9%).
  • Este segmento del gasto rígido alcanza máximos de 80,0% en 2019 y mínimos de 57,9% en 2014.
  • El componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo. Explica el 84,0% del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional y entre 2010 y 2010 su ponderación pasó de 19,8% a 25,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
  • En el 2021 Los gastos con rigidez alta afectan aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participan con el 24,8% y el resto (11,5%) corresponde a aquellos gastos más factibles de reasignar.
  • Entre 2010 y 2016 el gasto total creció 6,2 puntos porcentuales (p.p.) del PIB y, de dicha variación, el 90% lo explicó el crecimiento del gasto de rigidez alta.
  • Entre 2015 y 2019 se produjo un incremento sostenido en la participación del gasto con alta rigidez, alcanzando un promedio anual de 72,9% del total, mientras que el peso de los gastos sin rigidez y con rigidez media en el total cayó a un promedio anual de 11,1% y 16,0%, respectivamente.

La presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.

GASTOS TRIBUTARIOS VS COSTOS FISCALES. ESTIMACIONES ALTERNATIVAS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE COMPLEMENTARIO – DICIEMBRE 2021

GASTOS TRIBUTARIOS VS COSTOS FISCALES. ESTIMACIONES ALTERNATIVAS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE COMPLEMENTARIO – DICIEMBRE 2021

La eximición del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que impuso la ley 27.617 implica para el fisco resignar ingresos anuales por $56.600 millones, que suben a $75.800 millones si se incluyen a los aportantes de otros regímenes previsionales provinciales, fuerzas armadas y de seguridad.

Puede ser que el cálculo incluya cierta sobreestimación por la dificultad de excluir con precisión a miembros del Poder Judicial exceptuados del tributo o a los trabajadores de Patagones, beneficiados con un aumento de la deducción especial.

Es evidente la imposibilidad de realizar comparaciones inter temporales de gastos tributarios cuando estos son estimados sobre un marco de referencia de la normativa vigente, en contextos de cambios normativos frecuentes, como es el caso del Impuesto a las Ganancias en Argentina en los últimos años.

Las cosas cambian si se trabaja sobre un marco tributario teórico ideal, contrapuesto a la legislación vigente. El cambio en la base de comparación podría arrojar importantes diferencias: el costo fiscal por la exención promocional de Tierra del Fuego se incrementa de $7.300 millones a $13.200 millones; el de la reforma de la ley 27.617 se amplía de $75.800 millones hasta $362.500 millones.

INFORME PROYECTO DE LEY RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS – DICIEMBRE 2021

INFORME PROYECTO DE LEY RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS – DICIEMBRE 2021

Si bien el impacto fiscal definitivo del propuesto régimen para promover inversiones en hidrocarburos dependerá de decisiones de empresas, de la evolución macroeconómica y de lo que suceda en el mercado a nivel nacional, se estima que podría producir para el erario un saldo positivo de $21.384 millones al año, básicamente por la mayor recaudación del Impuesto a los Combustibles, que dejarán de ser una suma fija.

  • Sobre el supuesto de que los precios de los combustibles aumentarán 59% el año próximo, se prevé una mayor recaudación de $9.964 millones en un ejercicio, a lo que se sumarían $6.345 millones por retenciones.
  • Como contrapartida, el nuevo régimen podría provocar una pérdida de recaudación por otros conceptos:  $12.664 millones por la eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión de áreas de petróleo y gas y $3.100 millones por un nuevo cómputo de quebrantos registrador, beneficio que involucra sólo a YPF.
  • La mitad de las inversiones proyectadas para el 2022 calificarían para la bonificación de derechos de importación, cuyo costo fiscal se estima en $2.201 millones.
  • Por el tipo y volumen de crudo que procesan, PAE e YPF dispondrán de un beneficio adicional para acceder a los premios del régimen, en particular para exportar.
  • Con una alícuota máxima de 8% para Derechos de Exportación, el fisco podría perder de recaudar $2.600 millones al año por cada punto de alícuota en las próximas dos décadas.
  • El cambio del Impuesto a los Combustibles de suma fija por volumen de emisión de dióxido de carbono potenciará los futuros aumentos del crudo en el precio en surtidor, afectará la competencia y dificultará la fiscalización.
  • Además, por ser más caras, las naftas y gasoil menos contaminantes tributarán un mayor Impuesto al Dióxido de Carbono que aquellos productos más contaminantes, distorsionando por completo el objeto de dicho tributo.
  • La iniciativa pretende conferir carácter de ley al Plan Gas, establecido por decreto hasta el 2024.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – NOVIEMBRE 2021

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – NOVIEMBRE 2021

El gasto primario tuvo el mayor salto en lo que va del año (41,2% a/a), en parte impulsado por las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, que se multiplicaron por 10.

En el mes 11 del año los ingresos totales se expandieron 7,4% a/a en términos reales, impulsados por el buen desempeño de la mayoría de sus rubros.

  • Los derechos de exportación crecieron 18,5% a/a por la suba de los precios internacionales y el tipo de cambio.
  • Los ingresos a la Seguridad Social crecieron 13,3% a/a, por el mayor número de aportantes y la baja base de comparación que implica el 2020.
  • Los subsidios energéticos se incrementaron 26,0% a/a por las mayores transferencias a CAMMESA.
  • La eliminación del IFE y el ATP se vieron parcialmente compensadas por los programas “Potenciar Trabajo” ($22.812 millones) y Políticas Alimentarias ($18.007 millones) cuyos recursos se incrementaron en un 85,9% a/a y 48,2% a/a, respectivamente.
  • Los fondos destinados al programa Previaje alcanzaron $13.581 millones.
  • La inversión real directa ($32.786 millones) registró una suba real de 107,3% a/a, focalizada en obras viales y ferroviarias.
  • El déficit primario aumentó 188,1% a/a y el déficit financiero se incrementó 100,5% año contra año.
  • El presupuesto inicial del ejercicio se incrementó en un 30,9%, lo que equivale a $2.596.945 millones, cuyo destino prioritario fueron los programas sociales, las transferencias de capital y los subsidios energéticos.
  • Las erogaciones vinculadas con la pandemia por COVID-19 devengaron el 84,8% del crédito vigente asignado ($414.813 millones), mientras que las partidas financiadas con el Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaron el 71,2% ($145.718 millones).
OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – NOVIEMBRE 2021

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – NOVIEMBRE 2021

• En noviembre se realizaron tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total de $479.410 millones. Se suscribieron en pesos títulos públicos en moneda nacional por $391.075 millones y bonos denominados en dólares pagaderos en pesos (USD linked) por $37.875 millones.
• En la licitación del 4 de noviembre se ofreció la conversión del bono T2V1 (con vencimiento el 30 de noviembre), por dos canastas de instrumentos compuestas por bonos USD linked y LEDES. Como resultado, se logró una aceptación del 52% del monto en circulación del T2V1.
• Se registraron colocaciones netas de Adelantos Transitorios (AT) por $130.000 millones, por lo que el stock aumentó a $1,49 billones. A fin de octubre el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $2,24 billones.
• En el mes se cancelaron intereses por el equivalente a USD963 millones. Se destacó el pago de intereses al FMI por USD387 millones. A partir de noviembre, la tasa de sobrecargos que paga Argentina al FMI se incrementó en 100 p.b. tras cumplirse 36 meses desde que el saldo de deuda supera el 187,5% de la cuota.
• Se estima que los vencimientos para diciembre totalizan el equivalente a USD5.156 millones (amortizaciones por USD4.856 millones e intereses por USD300 millones). Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a USD4.580 millones, incluyendo el pago de capital al FMI por USD1.858 millones

Intercambio institucional con representantes de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado de Chile (OPS)

Intercambio institucional con representantes de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado de Chile (OPS)

El lunes 6 de diciembre compartimos un encuentro virtual con representantes de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado de Chile (OPS) con el fin de intercambiar experiencias y generar vínculos colaborativos de trabajo entre ambas instituciones.

Si bien la OPS fue creada como tal durante el año 2021 mediante Resolución de la Secretaría General del Senado, su origen se encuentra a comienzos del año 2019 cuando se crea la Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional, continuadora del trabajo desarrollado por la Unidad de Asesoría Presupuestaria (2003 – 2018).  Al igual que la OPC, la OPS brinda análisis independientes sobre el estado de la situación fiscal al Parlamento y la ciudadanía.

Participaron del encuentro en representación de la OPS: Alejandra Vega Carvallo, Rodrigo Ruiz, Eduardo Diaz y Rubén Catalan. Por parte de la OPC estuvieron presentes Marcos Makón (Director General); Carlos Guberman (Director de Análisis Tributario) y Natalia Laría (Coordinadora de Relaciones Institucionales y Parlamentarias).