El proyecto de ley PE 198-21 tiene por objetivo otorgar un beneficio extraordinario por única vez, a través de sus herederos o herederas o derechohabientes, o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la represión desplegada por el Estado en las manifestaciones de protestas ocurridas en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto 1.678/2001.

Según surge de los fundamentos del proyecto, en todo el país 39 personas perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos.

Para estimar el impacto fiscal del proyecto de ley se realiza un supuesto de máxima, donde la totalidad de los herederos/as o derechohabientes de las 39 personas fallecidas, al igual que el centenar de heridos/as con lesiones gravísimas, cumplen con todos los requisitos que establece el proyecto en su articulado, solicitan el beneficio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autoridad de aplicación, se los otorga. En todos los casos se considera que se percibe la totalidad del beneficio.

El gasto que demandaría el proyecto de ley bajo análisis en caso de aprobarse durante el corriente ejercicio y bajo los supuestos mencionados anteriormente, ascendería a $1.538 millones a valores de mayo de 2022.

En el caso de los herederos/as o derechohabiente de personas fallecidas, el monto de la indemnización sería de $14,1 millones, y para aquellos que hayan sufrido lesiones gravísimas de $9,9 millones (corresponde al previsto para los herederos/as o, derechohabientes de personas fallecidas, reducido en un 30%).

El proyecto de Ley S-341/2022 refiere a la modificación de dos artículos de la Ley 22.351 de Parques Nacionales.

La primera modificación supone trasladar la Casa Central de la Administración de Parques Nacionales desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. La segunda, estipula un ajuste en los montos de las multas por infracciones a dicha Ley, cuya última actualización se llevó a cabo en el año 2004, mediante el Decreto 130/04.

Por el lado del gasto, para poder cuantificar el impacto fiscal del traslado de la Casa Central, no se cuenta con los elementos necesarios. Para ello es preciso contar con información adicional que debe proveer el organismo a los fines de formular adecuadamente el presupuesto 2023 y eventualmente, incorporar los créditos faltantes. Dicha información debería contemplar qué se prevé para: el personal, el lugar de funcionamiento, los bienes de consumo y de uso.

En tanto por el lado de los recursos, se estimó un incremento en la recaudación de las multas por infracciones del 2.790,0%, que corresponde al aumento porcentual del valor mínimo y máximo de las multas propuesto, respecto al vigente. Esta modificación redundaría en una recaudación estimada equivalente a $205,4 millones, los que se actualizarían año a año con el valor de la unidad móvil