Sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad y es posible recortarlo o reasignarlo. Esta proporción, sobre la que el Gobierno tiene mayor margen de acción, fue disminuyendo en los últimos años y actualmente el “espacio fiscal” –tanto desde las erogaciones como por la afectación de recursos en el presupuesto- es muy reducido.

• Durante el período comprendido entre 2010 y 2021 los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implicaron alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9%).
• Este segmento del gasto rígido alcanza máximos de 80,0% en 2019 y mínimos de 57,9% en 2014.
• El componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo. Explica el 84,0% del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional y entre 2010 y 2010 su ponderación pasó de 19,8% a 25,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
• En el 2021 Los gastos con rigidez alta afectan aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participan con el 24,8% y el resto (11,5%) corresponde a aquellos gastos más factibles de reasignar.
• Entre 2010 y 2016 el gasto total creció 6,2 puntos porcentuales (p.p.) del PIB y, de dicha variación, el 90% lo explicó el crecimiento del gasto de rigidez alta.
• Entre 2015 y 2019 se produjo un incremento sostenido en la participación del gasto con alta rigidez, alcanzando un promedio anual de 72,9% del total, mientras que el peso de los gastos sin rigidez y con rigidez media en el total cayó a un promedio anual de 11,1% y 16,0%, respectivamente.

La presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.