IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA (EXPTE CD-54-2020)

IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA (EXPTE CD-54-2020)

El Proyecto de Ley para la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Expte. CD-54-2020) tiene por objeto el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas durante los primeros años de vida, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral y prevenir la violencia.

En función del análisis efectuado, se consideró que las medidas con impacto fiscal para el Estado Nacional presentes en el Proyecto de Ley serían las vinculadas con la ampliación de la política de asignaciones familiares (Art 4, 5, 6, 7 y 10 del Proyecto de Ley), capacitación al personal interviniente en la atención del embarazo y primera infancia (Art. 17) y la provisión de estudios y tratamiento para personas gestantes con riesgo de trombofilia (Art. 23).

En relación con las primeras, se estima un costo fiscal de $5.132 millones. Por su parte, en relación con la segunda medida, no ha sido posible efectuar la estimación de su impacto fiscal en virtud de requerir información relativa a la duración y modalidad de la capacitación, la población destinataria, el personal encargado de las tareas de armado, preparación y dictado de la capacitación, entre otras variables. Finalmente, en relación con la medida de atención a personas gestantes con embarazo de alto riesgo por presunción de trombofilia, se estima un impacto fiscal de $381 millones cada 1.000 personas gestantes.

IMPACTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE LEY DE FERIAS LOCALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA ECONOMÍA SOCIAL, Y DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

IMPACTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE LEY DE FERIAS LOCALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA ECONOMÍA SOCIAL, Y DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

El Proyecto de Ley S-1111/2019 tiene por objeto instituir el Marco Regulatorio de las Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la Economía Social destinado a promocionar e incentivar el consumo y la comercialización directa de productos agroalimentarios y frutihortícolas de producción regional a los consumidores en todo el territorio nacional regulando la organización de los medios materiales y recursos humanos necesarios a tales fines.

El Proyecto sometido a consideración contiene una serie de medidas que implican mayores erogaciones presupuestarias. En función del análisis efectuado, se considera que las principales medidas con impacto fiscal para la Administración Nacional se encuentran vinculadas a las acciones para la realización de las ferias (artículos 2 y 6) y a los créditos y subsidios (artículo 5). A partir de la determinación de su ámbito de aplicación, de la población beneficiaria y de los rubros financiables por el Estado Nacional, se estimó un costo fiscal anual de $7.713 millones.

En tanto, el Proyecto de Ley S-1112/2019 crea el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar a los efectos de establecer un marco regulatorio que garantice la preferencia de compra de los productos de la Agricultura Familiar y fije los parámetros básicos a observar en los procesos de compra pública de la Administración Pública Nacional.

El Régimen dispone de una serie de parámetros que las contrataciones del Estado deben cumplir, respecto de las producciones de la Agricultura Familiar. Entre ellos se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para aquellas compras de bienes alimenticios que provengan de las unidades productivas inscriptas en determinados registros nacionales, siempre que exista oferta en las mismas.
En principio, no se identifica un impacto fiscal para este Proyecto, sino un redireccionamiento del gasto.

Se estima que las acciones de capacitación, de difusión, de asistencia técnica y financiera y de apoyo a los productores de la Agricultura Familiar podrán llevarse a cabo con recursos existentes. Se asume que las capacitaciones podrán desarrollarse en articulación con el INTA, el SENASA y otras instituciones especializadas públicas o privadas.

IMPACTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE LEY DE FERIAS LOCALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA ECONOMÍA SOCIAL, Y DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY PATRIA

El Proyecto de Ley crea el programa PATRIA con el fin de afianzar las rutas de fomento aéreo en todo el territorio nacional.

Para la ejecución del programa PATRIA, Líneas Aéreas del Estado (LADE) será el organismo de aplicación y ejecución, y utilizará aeronaves de la fuerza aérea con su personal. Por su parte, el Ministerio de Defensa proveerá servicios de mantenimiento y nuevo material de las aeronaves.

La estimación del costo fiscal del Proyecto se realiza en base a tres escenarios:

  • Escenario 1: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento, Combustible y Adiestramiento de pilotos y la recaudación por venta de pasajes permitiría cubrir los costos de funcionamiento de LADE. Se estimó un costo fiscal de $1.334 millones para 2021 y de $2.012 millones para 2022.
  • Escenario 2: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento, 75% del Combustible y 75% Adiestramiento de pilotos y la recaudación por venta de pasajes permitiría cubrir 25% de los costos del Combustible y Adiestramiento de pilotos y los costos de funcionamiento de LADE. Este escenario implicaría un costo de $1.149 millones en 2021 y de $1.737 millones en 2022.
  • Escenario 3: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento y la recaudación por venta de pasajes permite cubrir 50% de los costos de combustible y adiestramiento de pilotos y los costos de funcionamiento de LADE. Se calcula un costo fiscal de $1.019 millones para el ejercicio 2021 y de $1.549 millones para el ejercicio 2022.

 

 

LA DEUDA FLOTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

LA DEUDA FLOTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Los procedimientos de la administración gubernamental en lo relativo a la gestión del gasto público y de las compras y contrataciones determinan en muchos casos la existencia de un plazo de tiempo entre la generación de una obligación de pago derivada de un gasto y su efectiva cancelación. En cualquier momento dado, los gastos realizados que por diversos motivos todavía no han sido pagados constituyen lo que se conoce como deuda flotante.

La deuda flotante constituye un pasivo del Estado, en la medida que representa obligaciones ciertas pendientes de pago. No obstante, según la normativa argentina no forma parte de la deuda pública, que es deuda instrumentada a través de la emisión de títulos y la obtención de préstamos. Por lo tanto, no está incluida en las estadísticas de deuda pública.

Los gastos pendientes de pago comprenden tanto obligaciones que están dentro de su plazo de pago como obligaciones ya vencidas (atrasos), que involuntaria o intencionalmente no fueron canceladas a su fecha de vencimiento. La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía.

El volumen de gastos devengados en un año que quedó pendiente de pago al cierre del ejercicio alcanzó 6,7% del total devengado en 2013. El ratio disminuyó hasta un mínimo de 3,7% en 2017, para luego revertir la tendencia declinante en los últimos períodos, llegando a 4,5% en 2019. En relación al Producto, los gastos pendientes de pago oscilaron entre 0,7% y 1,4% del PIB desde 2012. En promedio, 97% de la deuda flotante se pagó durante el primer año posterior al devengamiento del gasto que la originó.

GASTOS TRIBUTARIOS – CUESTIONES METODOLÓGICAS Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2021

GASTOS TRIBUTARIOS – CUESTIONES METODOLÓGICAS Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2021

Por exenciones impositivas y regímenes promocionales, la Ley de Presupuesto estima que el año próximo el gasto tributario será de $995.799, equivalente a 2,64% del PBI, nivel similar al de este año.

De ese total, un 73,9% se corresponde con tratamientos especiales incluidos en la legislación tributaria vigente ($735.661,8 millones) y el resto se atribuye a diversos regímenes de promoción económica ($260.136,9 millones).

  • Para el 2020 se espera un total de gastos tributarios de $714.735,1 millones, equivalente a 2,63% del PBI y con similar composición.
  • En la proyección para el año próximo se destaca la menor recaudación de IVA, con un total de $444.321,8 millones (1,18% del PBI); más de la mitad corresponde a alícuotas reducidas de carnes y verduras.
  • Por la envergadura del gasto tributario sigue el Impuesto a los Combustibles, con $132.693,8 millones, explicado principalmente por la diferencia entre las alícuotas aplicadas a la nafta y al gas oil ($83.360,5 millones).
  • Casi la mitad de la recaudación resignada de Impuesto a las Ganancias ($85.955,7 millones) corresponde a la exención que rige sobre los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial).
  • Los dos regímenes promocionales que insumen un mayor gasto tributario son el de la provincia de Tierra del Fuego ($77.796,4 millones) y el Economía del Conocimiento ($18.373,0 millones).

No se califican como gastos tributarios el diferimiento del pago de impuestos, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado; medidas éstas contenidas principalmente en diferentes regímenes de promoción.

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – NOVIEMBRE 2020

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – NOVIEMBRE 2020

En noviembre se canceló el equivalente a USD4.447 millones de capital de títulos públicos de mercado, de los cuales, $311.761 millones (USD 3.875 millones) fueron pagos en efectivo mientras que el resto correspondió a cancelaciones por operaciones de canje.

Se realizaron cuatro licitaciones de bonos y letras en pesos que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $361.945 millones en valor nominal original (VNO) y dos licitaciones con suscripción en especie, que resultaron en la colocación de bonos en dólares por USD750 millones y títulos en pesos por VNO $179.467 millones, respectivamente, siendo esta última liquidada en el mes de diciembre.

Además, el 25 de noviembre finalizó el primer período de aceptación para canjear títulos públicos en moneda extranjera emitidos bajo legislación argentina que quedaron afuera de la reestructuración completada en septiembre pasado. En esta oportunidad se canjeó un total de USD31 millones (VNO USD33 millones).

Durante el mes se registraron pagos de intereses por el equivalente a USD848 millones, de los cuales 56% fueron en pesos. Se destaca el pago de intereses de BONTE a tasa fija por $26.270 millones (USD326 millones).

Para diciembre se estiman vencimientos de servicios de deuda por el equivalente a USD3.987 millones, que se reducen a aproximadamente USD2.572 millones si se excluyen las tenencias intra sector público.