El proyecto de ley dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.

El dictamen de mayoría posee doce artículos, coincidiendo en sus objetivos, asignación presupuestaria y prioridades de asignación y ejecución, en el carácter de la ley y entrada en vigor de ésta con el proyecto de ley, mientras que se diferencia al reducir de dos a un año la declaración de emergencia.

• Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.
• Al mes de junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes.
• No hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.

La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.

El costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y  asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.

En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)

Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).

Sin la nueva norma los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.

Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.

La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, Ley 27.260). Este análisis incluye la ampliación de los períodos considerados para la constitución de los planes de pago de deuda y la cancelación de aportes y la modificación de las condiciones de acceso a la PUAM. Considera además la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo se desagrega de la siguiente manera:

• Impacto por moratoria previsional: La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
• Impacto por Ampliación de la PUAM: La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario. Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:

• Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad: Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
• Incentivo a la contratación: La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
• Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).

El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar. Por lo tanto, el costo fiscal total aquí presentado debe considerarse como una estimación de mínima.

La iniciativa tiene por objetivo crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero. 

El costo fiscal de la medida viene asociado principalmente con la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos por parte de los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización. 

Por falta de información precisa no es posible estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.

• Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
• Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: $278.323 millones.
• Asignación para talleres de producción: $7.160 millones.

No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso.