El proyecto de ley crea un Régimen de Incentivos a la Inversión destinado a estimular la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en cuencas maduras de explotación convencional y persigue como objetivos centrales contribuir al abastecimiento energético del país, promover el desarrollo regional, generar empleo y mejorar el equilibrio de la balanza comercial. Para ello se prevé un esquema integral de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con un marco de estabilidad normativa que asegure previsibilidad a los inversores. Asimismo, incorpora un régimen laboral diferencial a consensuar entre sindicatos y cámaras empresariales, con el objeto de optimizar la eficiencia operativa en los yacimientos.

Por las características de las medidas planteadas, se estima que el proyecto no tiene impacto fiscal, aunque sí podría generar gasto tributario a partir de su implementación.

El informe cuantifica el impacto financiero de implementar la pesquisa neonatal universal para la Atrofia Muscular Espinal (AME) en Argentina. El estudio presenta el cálculo neto para el sistema de salud en su conjunto y para el Estado Nacional.

El principal hallazgo del estudio es que la implementación de la ley requiere una inversión inicial significativa en el primer año que se recupera con el tiempo, generando un ahorro neto a largo plazo para el sistema de salud consolidado. Durante el primer año, los mayores costos se explican por la inversión en la pesquisa para todos los recién nacidos y el tratamiento farmacológico temprano de los casos detectados. Sin embargo, este gasto inicial es superado por los ahorros futuros, ya que el tratamiento presintomático evita los altos costos recurrentes (cirugías, hospitalizaciones, soporte ventilatorio) asociados al diagnóstico tardío, que constituyen el principal gasto del modelo vigente.

Desde la perspectiva del Estado Nacional, la medida implicaría un impacto fiscal de $43.000 millones en el primer año, pero también se traduciría en ahorros netos en el largo plazo.

El impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El cálculo excluye dos mandatos de la iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados que no son mensurables, como el incremento de beneficiarios de becas y una partida especial no precisada para regularizar los ingresos de investigadores.

Entre los puntos sí cuantificables, la propuesta parlamentaria prevé una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al Índice de Precios al Consumidor, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles.

• La actualización de gastos de funcionamiento en base al IPC registrado entre mayo y diciembre del 2024 es de 32,0%. A esto se suma el ajuste bimensual por la misma pauta.
• Los salarios deberían ajustarse 40,8% para emparejar la inflación registrada desde diciembre del 2023 y todo incremento debería ser remunerativo y bonificable.
• El ajuste de becas según lo sugerido implicaría un mayor gasto en el ejercicio por $1.147.267 millones, la mayor de las erogaciones calculadas, según el mandato de la iniciativa.
• Ese requerimiento presupuestario no debería afectar los fondos coparticipables ni las transferencias del Tesoro.

El proyecto de ley en revisión dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. El impacto fiscal de la medida fue analizado oportunamente en el informe publicado por la OPC el 5 de agosto de 2025. https://opc.gob.ar/impacto-proyectos-de-ley/impacto-fiscal-del-proyecto-de-ley-que-declara-la-emergencia-sanitaria-de-la-salud-pediatrica-y-de-las-residencias-nacionales-en-salud-proyecto-de-ley-2789-d-2025-dictamen-de-mayoria-od-923-2025/

El proyecto de ley dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.

El dictamen de mayoría posee doce artículos, coincidiendo en sus objetivos, asignación presupuestaria y prioridades de asignación y ejecución, en el carácter de la ley y entrada en vigor de ésta con el proyecto de ley, mientras que se diferencia al reducir de dos a un año la declaración de emergencia.

• Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.
• Al mes de junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes.
• No hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.

La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.

El costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y  asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.

En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)

Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).

Sin la nueva norma los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.

Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.