El proyecto de Ley bajo análisis impulsa la extensión a todas las empresas que operan en Argentina prestando servicios de transporte aerocomercial de pasajeros del beneficio dispuesto en el art. 90 de la Ley 27.431, que permite a Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus empresas controladas aplicar el saldo técnico de IVA al pago de otros impuestos cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La información remitida por ARCA permitió estimar un costo fiscal mínimo de $13.863 millones por el stock de saldo técnico a favor del contribuyente a febrero de 2025. Complementariamente se realizó un análisis de sensibilidad que ubicó ese costo mínimo en un rango de entre $11.817 millones y $24.947 millones.

La prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

Según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año.

Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB).

En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).

El proyecto de Ley propone la exención del Impuesto a las Ganancias de la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias que perciba el personal embarcado que desempeñe tareas en relación de dependencia a bordo de cualquier tipo de buque por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Según la metodología y supuestos empleados, se estima un impacto fiscal de entre $171 millones y $889 millones a valores del año 2024.

El proyecto de ley prevé promover el buen trato y amparar a niñas, niños y adolescentes contra la violencia. Para ello, identifica acciones concretas a implementar por parte del Estado Nacional. No es posible inferir la envergadura de los gastos involucrados, no resultando por lo tanto posible estimar el costo fiscal asociado al proyecto.

El proyecto de ley contempla la creación de un protocolo de prevención y detección temprana del abuso sexual infantil en instituciones que estén vinculadas a las niñas, niños y adolescentes. Se estima que su instrumentación no implicaría significativos costos adicionales para el Tesoro Nacional, habida cuenta que la mayoría de las acciones previstas ya están actualmente contempladas por la normativa vigente en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto prevé regulaciones sobre el ejercicio de la profesión de acompañante terapéutico.

Las regulaciones no entrañan gasto para el Tesoro y, por lo tanto, no tiene impacto fiscal estimable.