El proyecto deroga las leyes que establecen regímenes de asignaciones mensuales vitalicias, así como algunos regímenes previsionales especiales. Dichas normas comprenden beneficios otorgados a:

• Arzobispos, obispos con jurisdicción, obispos auxiliares, vicario y pro-vicario castrense (Ley 21.540).
• Sacerdotes seculares del culto católico (Ley 22.430).
• Embajadores, ministros plenipotenciarios, consejeros de embajada, secretarios de primera, segunda y tercera clase, y otros funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (Ley 22.731).
• El Presidente y Vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y magistrados del Poder Judicial (Ley 24.018). Asimismo, se determina que los ex Presidentes recibirán una asignación mensual vitalicia que será equivalente al 80% de la remuneración vigente del Presidente en ejercicio.

Una vez que ya no subsistan beneficiarios activos de los regímenes derogados del Servicio Exterior y del Poder Judicial, se estima una mejora de $190.738 millones en comparación con el escenario actual.

La derogación de las asignaciones vitalicias citadas implica un ahorro estimado en $1.234,3 millones

Se estima que la elevación del corte obligatorio de biocombustibles en nafta y gasoil al 15% tendría un impacto recaudatorio negativo de $245.952,5 millones anual a valores de 2026.

• La estimación fue realizada a partir de las proyecciones de gastos tributarios del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo.
• La iniciativa bajo análisis propone una modificación de la ley vigente, número 27.640, e incrementa progresivamente el corte obligatorio del bioetanol y biodiesel, aumentando la proporción de éstos productos contenidos en cada litro de carburante.
• Como los biocombustibles están exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, la cantidad agregada implicaría un costo fiscal de aquella magnitud.

El proyecto de ley crea un Régimen de Incentivos a la Inversión destinado a estimular la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en cuencas maduras de explotación convencional y persigue como objetivos centrales contribuir al abastecimiento energético del país, promover el desarrollo regional, generar empleo y mejorar el equilibrio de la balanza comercial. Para ello se prevé un esquema integral de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con un marco de estabilidad normativa que asegure previsibilidad a los inversores. Asimismo, incorpora un régimen laboral diferencial a consensuar entre sindicatos y cámaras empresariales, con el objeto de optimizar la eficiencia operativa en los yacimientos.

Por las características de las medidas planteadas, se estima que el proyecto no tiene impacto fiscal, aunque sí podría generar gasto tributario a partir de su implementación.

El informe cuantifica el impacto financiero de implementar la pesquisa neonatal universal para la Atrofia Muscular Espinal (AME) en Argentina. El estudio presenta el cálculo neto para el sistema de salud en su conjunto y para el Estado Nacional.

El principal hallazgo del estudio es que la implementación de la ley requiere una inversión inicial significativa en el primer año que se recupera con el tiempo, generando un ahorro neto a largo plazo para el sistema de salud consolidado. Durante el primer año, los mayores costos se explican por la inversión en la pesquisa para todos los recién nacidos y el tratamiento farmacológico temprano de los casos detectados. Sin embargo, este gasto inicial es superado por los ahorros futuros, ya que el tratamiento presintomático evita los altos costos recurrentes (cirugías, hospitalizaciones, soporte ventilatorio) asociados al diagnóstico tardío, que constituyen el principal gasto del modelo vigente.

Desde la perspectiva del Estado Nacional, la medida implicaría un impacto fiscal de $43.000 millones en el primer año, pero también se traduciría en ahorros netos en el largo plazo.