La iniciativa tiene por objetivo crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero. 

El costo fiscal de la medida viene asociado principalmente con la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos por parte de los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización. 

Por falta de información precisa no es posible estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.

• Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
• Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: $278.323 millones.
• Asignación para talleres de producción: $7.160 millones.

No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso.

El proyecto de Ley bajo análisis impulsa la extensión a todas las empresas que operan en Argentina prestando servicios de transporte aerocomercial de pasajeros del beneficio dispuesto en el art. 90 de la Ley 27.431, que permite a Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus empresas controladas aplicar el saldo técnico de IVA al pago de otros impuestos cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La información remitida por ARCA permitió estimar un costo fiscal mínimo de $13.863 millones por el stock de saldo técnico a favor del contribuyente a febrero de 2025. Complementariamente se realizó un análisis de sensibilidad que ubicó ese costo mínimo en un rango de entre $11.817 millones y $24.947 millones.

El proyecto de ley prevé promover el buen trato y amparar a niñas, niños y adolescentes contra la violencia. Para ello, identifica acciones concretas a implementar por parte del Estado Nacional. No es posible inferir la envergadura de los gastos involucrados, no resultando por lo tanto posible estimar el costo fiscal asociado al proyecto.