El proyecto de ley prevé la creación del Instituto Nacional de la Danza, cuyo financiamiento se realizaría con una porción de tributos o recursos presupuestarios existentes y otros ingresos probables cuya estimación no es factible antes de la puesta en marcha de ese organismo.

• Los recursos tributarios involucrados en la iniciativa oscilarían entre $ 4.897 millones y $10.238 millones anuales, según la base que se considere para cuantificar la fuente principal: el 1% de los “Impuestos Internos coparticipados netos”.
• La diferencia depende de si se considera la recaudación íntegra de ese gravamen o sólo la porción que se distribuye al Tesoro Nacional.
• No fue posible calcular los gastos por falta de datos sobre estructura de personal y escalafón, pero se estima que los fondos previstos resultarían suficientes para cubrirlos.

El análisis de las modificaciones, agregados y/o aclaraciones al proyecto preliminar de dictamen sobre licencias complementa al estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso el pasado 22 de junio de 2023, sobre la base de su nueva redacción. Los cambios respecto al mencionado documento versan sobre:

1. Inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período (agregado).
2. Posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores (aclaración).
3. Financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares (aclaración).

El impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de $124.634,78 millones, lo que equivaldría al 0,074% del PIB esperado para 2023.

Si se aplicara un mecanismo de financiamiento para el Sistema Previsional similar al previsto en el proyecto para las Obras Sociales, el impacto presupuestario para la APN alcanzaría entonces $113.458,99 millones, lo que equivale al 0,068% del PIB esperado para 2023, dado que los aportes personales de quienes perciben las asignaciones ingresarían a la ANSES reportando un ingreso para la Administración Pública Nacional.

El proyecto preliminar de dictamen sobre Licencias Parentales Igualitarias tiene por finalidad introducir modificaciones en materia de licencias para las personas que trabajan en relación de dependencia en el sector formal, amparadas en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en la Ley 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y en la Ley 26.727 del Régimen de Trabajo Agrario, así como realizar adecuaciones en base a estos cambios en la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y en la normativa vinculada a Obras Sociales, a Empresas de Medicina Prepaga y al personal de la Administración Pública Nacional.

Las modificaciones propuestas generarían un impacto fiscal producto de las asignaciones parentales correspondientes ya sea por la necesidad de cubrir más días de licencia respecto a la norma vigente o bien por la creación de nuevas licencias anteriormente no previstas.

El impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de $75.604,65 millones, lo que equivale al 0,045% de PIB para 2023.

El proyecto de ley propone otorgar un beneficio de “Reparación Histórica Malvinas” para las personas que en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y participaron en el conflicto del Atlántico Sur en el período comprendido entre el 2 de Abril y el 14 de Junio de 1982, en efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y a los/as civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, y en caso de fallecimiento del causante, para sus derechohabientes.

El beneficio consiste en por un monto equivalente a 104 jubilaciones mínimas del SIPA y se abonará en 24 cuotas consecutivas y actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria.

Bajo el supuesto de que 11.824 beneficiarios/as recibirán la reparación histórica en forma escalonada a partir del mes de septiembre del ejercicio vigente, el impacto fiscal para la Administración Nacional se estimó en un gasto aproximado de $9.448 millones en 2023 (0,006% del PIB), $88.217 millones en 2024 (0,026% del PIB), y $128.381 millones en 2025 (0,025% del PIB).

El proyecto de ley propone la actualización automática de los estipendios de los/as becarios/as del CONICET aproximándolos a un porcentaje del monto que perciben los Investigadores Asistentes de Carrera del citado organismo (80% y 90% para becas doctorales y posdoctorales, respectivamente). Actualmente el valor del estipendio es fijado por el CONICET.

Además, indica que los/as becarios/as tendrán un 13er estipendio y que deberán realizar aportes y contribuciones a la Seguridad Social, dando lugar a la incorporación de estas personas al Régimen Previsional Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos establecido por la Ley 22.929 y sus modificatorias.

Estas modificaciones no implican la existencia de relación de dependencia de ningún tipo entre los/as becarios/as y el Estado Nacional.

El impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de $13.801 millones, equivalentes a 0,008% del PIB, conformado por $28.787 millones de gastos, compensados parcialmente por el ingreso de $14.986 millones en concepto de aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

El Proyecto de Ley CD-6-2023 tiene por finalidad crear el Programa Pubertad Precoz (PPP) en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, estipulando como objeto garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz en niñas y niños en todo el territorio de la República Argentina.

El impacto fiscal de la propuesta legislativa se estima en $917 millones anuales, de los cuales $576 millones corresponderían a la campaña de sensibilización, difusión y concientización y $341 millones a asegurar el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la provisión de la medicación para quienes no se encuentren normativamente amparados por el PMO.