El Proyecto de Ley S-1860/2022 tiene por objeto reducir la indigencia, garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Para ello propone la implementación de un Refuerzo de Ingresos, consistente en una prestación monetaria mensual por el valor de una Canasta Básica Alimentaria.

A efectos de estimar el impacto fiscal asociado al otorgamiento del Refuerzo de Ingresos, se requiere cuantificar el universo de potenciales beneficiarios/as, cifra que será determinante para el cálculo.

Partiendo del número de potenciales beneficiarios/as estimado mediante la EPH, y tomando el valor promedio de la CBA y el PBI de este año, el impacto fiscal de la medida ascendería a 0,31% del PBI. Para 2023, esta cifra implicaría un gasto de aproximadamente $460.000 millones.

De implementarse esta política, el porcentaje de individuos que habitan hogares indigentes se reduciría un 65%, pero sólo en el caso de mantener vigentes los programas de ayuda existentes en la actualidad.

El presente informe tiene como objeto efectuar un análisis y estimación del impacto fiscal del Proyecto de Ley denominado “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que cuenta con media sanción atento a haber sido aprobado por el Honorable Senado de la Nación.

A través del mismo se crean dos herramientas: la Unidad de Pago de Deuda Previsional, dirigida a personas con edad jubilatoria cumplida que registran años de aportes faltantes; y la Unidad de Cancelación de Aportes, dirigida a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas que prevean no alcanzar los años de aporte requeridos en la actualidad.

Con estas herramientas se reabre la posibilidad de acceso a una prestación semi-contributiva para las personas con aportes faltantes, igualando a ambos géneros en la posibilidad de acceso al programa y permitiendo regularizar una mayor cantidad de años que las moratorias que se encuentran en vigencia.

Bajo la hipótesis de distintos supuestos plasmados en el informe, se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI.

El proyecto analizado propone la creación del Programa de Fomento a las Inversiones Productivas y de Servicios en las jurisdicciones provinciales que defina el Poder Ejecutivo Nacional, en base a los indicadores que determine, en atención de proveer a lo establecido en el Artículo 75 inc. 19   de la Constitución Nacional, que se implementará conforme se determina el proyecto de ley, planteándose un período de acogimiento de 5 años a partir de su entrada en vigencia, y con la posibilidad de renovación desde el Poder Ejecutivo por única vez por igual lapso.

En lo que respecta a la posibilidad de estimación de impacto fiscal, en la delegación que hace el artículo 1 del proyecto para que se determinen “las Inversiones Productivas y de Servicios en las jurisdicciones provinciales que defina el Poder Ejecutivo Nacional en base a los indicadores que determine”, en articulación con la amplia posibilidad de actividades promovidas que se establecen en el artículo 3, hacen que no sea identificable el universo de beneficiarios para realizar una estimación de los recursos involucrados en las nuevas inversiones promovidas.

Expte. S-1682/22: modifica su similar 27.676 – alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos-, respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

El proyecto de Ley en estudio propone modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo). En primer lugar, incorpora al texto modificado por Ley 27.676 la actualización del parámetro de alquileres pagados por los contribuyentes.

En segundo lugar, propone eliminar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para realizar la actualización semestral, cambiando a una de tipo fijo en el mes de julio de cada año para los montos de ingreso y alquileres, estableciendo el IPC como indicador de ajuste.

Para realizar el cálculo de impacto fiscal no se cuenta con información suficiente, al tiempo que están ausentes algunas precisiones respecto al mecanismo de ajuste semestral.

Proyecto de Ley S-710/2021 Crédito fiscal de gastos de flete para pequeñas y medianas empresas de la cadena frutihortícola

El Proyecto tiene por objeto fortalecer las condiciones de competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la cadena frutihortícola y potenciar el desarrollo con equidad distributiva y de oportunidades.

Para su logro propone que las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan por actividad principal la producción primaria y/o de empaque y/o industrial y/o comercial, de bienes relacionados con la cadena de valor frutícola (cítricos, olivos, vides, frutas de pepita, carozo, etc.), reciban un conjunto de beneficios tributarios mediante el descuento de sus obligaciones fiscales de los gastos incurridos para el transporte de sus productos.

Dada la falta de información necesaria respecto al funcionamiento de la cadena sectorial, la OPC no está en condiciones de evaluar el impacto fiscal de la medida propuesta.

El presente informe analiza el Expediente CD N° 3/2022 sobre Incentivo a la Inversión Construcción y Producción Argentina y evalúa el posible impacto sobre las cuentas de la Administración Pública Nacional.

El proyecto de Ley propone reestablecer el régimen establecido por el Título II de la Ley N° 27.613, “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina” y crear un puente al empleo, con la transformación de planes sociales y prestaciones de la seguridad social.

Según las estimaciones de la OPC, el impacto fiscal de lo explícitamente especificado en el Proyecto sería un incremento de los ingresos de $4.459 millones distribuidos entre los años 2022 y 2023, a percibirse desde el momento de entrada en vigencia de la ley.

Si bien, el puente al empleo propuesto en el expediente no genera costos adicionales, ni ahorros para el Estado Nacional, en términos operativos, tendría una escasa cobertura potencial.