Durante la última década las transferencias monetarias a personas y hogares se consolidaron como instrumento de política social y crecieron de 39 a 47% del gasto de la Administración Pública Nacional. Por las moratorias previsionales, las pensiones por invalidez y la Asignación Universal por Hijo (AUH) ganaron peso relativo las prestaciones no contributivas y semi-contributivas.

• Desde 2008 las transferencias crecieron sostenidamente en términos de PBI y alcanzaron su pico en 2017, con el 11,3%. A partir de dicho año se redujeron aproximadamente un punto porcentual hasta 2019.
• El número de beneficios creció de 12,7 a 21,3 millones entre 2008 y 2019.
• La cantidad de hogares que recibieron ayudas económicas aumentó de 2,5 a 6,6 millones.
• Los menores de 18 años fueron los principales destinatarios.
• En el periodo 2008-2019 el seguro de desempleo cubrió en promedio 9% de los desocupados.
• Las moratorias previsionales implican un gasto del 2,6% del PBI. 3,6 millones de personas han logrado acceder a los beneficios de la Seguridad Social a través de la moratoria previsional.
• El subsistema no contributivo es el que mayor cantidad de beneficios brinda, con un total de 10,1 millones en 2019, pero con un gasto de 2,1% del PIB.
• Los importantes efectos económicos y sociales asociados a la actual crisis sanitaria mundial podrían requerir la reconfiguración del sistema de protección social argentino a los fines de garantizar el efectivo goce de los derechos de la población.

El gobierno nacional ha tomado una serie de medidas económicas en el marco de la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica actual generada por el Covid-19.

Hasta el 23 de junio las medidas anunciadas para afrontar la crisis implican un gasto de $754.991 millones, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $88.734 millones (0,3% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $571.774 millones (2,0% del producto).

Este es un informe dinámico que se irá actualizando permanentemente, en tanto vayan surgiendo nuevas normas por parte del gobierno nacional que se tomen en el marco de la pandemia, o modificaciones presupuestarias que actualicen las partidas del presupuesto con el fin de atender gastos derivados de la emergencia sanitaria.

IMPACTO FINANCIERO DEL COVID 19 AL 23 DE JUNIO 2020

En los presupuestos 2018 y 2019 se autorizó la contratación de una serie de proyectos bajo la modalidad de Participación Pública Privada (PPP) para áreas como las de transporte, energía, agua y saneamiento, vivienda y salud.

Sin embargo, en un contexto de elevada volatilidad económica y financiera, sumado a la incertidumbre derivada de las investigaciones judiciales de hechos de corrupción en el sector de la obra pública local, se observó un marcado retraso en el programa PPP.

Al momento sólo se han adjudicado seis proyectos viales, correspondientes a la Etapa I de la Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS). Además, se publicó un llamado a licitación para un proyecto de transmisión eléctrica. El resto de las licitaciones no mostró avances.

En julio de 2019, los contratistas de los seis corredores viales adjudicados y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) suscribieron una adenda a los contratos que postergó el cronograma de desarrollo de las obras principales y extendió el plazo de cierre financiero. Al 31 de octubre de 2019, las obras registraron un avance promedio de 1,18%, generando obligaciones de pago al sector público en concepto de Títulos por Inversión (TPI) por USD112 millones.

El objetivo del presente documento es plasmar los principales aspectos metodológicos y las herramientas técnicas empleadas para la construcción del escenario macroeconómico utilizado por la OPC en el marco del informe “Estimaciones revisadas – Proyecto de Ley de Presupuesto 2020”.

Las aproximaciones vertidas en este informe no pretenden especificar un modelo macroeconómico cerrado, investigar los procesos causales de los fenómenos bajo estudio o arrojar certidumbre respecto de los resultados presupuestarios que se obtendrán a futuro. Se procura más bien contribuir al análisis sobre cómo evolucionará la economía argentina y el presupuesto público si se mantiene la actual configuración de política económica y las mismas condiciones.

Las variables macroeconómicas cumplen un rol fundamental en el diseño de la política presupuestaria, en función de su estrecha vinculación con las estimaciones de ingresos y gastos (y necesidades de financiamiento) contenidas en el proyecto de presupuesto.

Construir proyecciones de corto, mediano y largo plazo de las variables macroeconómicas nacionales relevantes permite, entre otras cuestiones, producir análisis independientes respecto del impacto de dichas variables sobre el balance del sector público, pronosticar su evolución futura para horizontes plurianuales, así como efectuar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública nacional.

El ODS 12, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhiere, busca garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles.

El país adoptó tres de las once metas previstas por el programa de la ONU y la ausencia de definiciones metodológicas en torno al seguimiento de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos impide el análisis de factibilidad del objetivo trazado. Pero según una estimación preliminar con datos de 2015, por entonces en el país se perdían y desperdiciaban 16 millones de toneladas de alimentos en la cadena que va de la producción al consumo y el grueso de las pérdidas estuvo generado en las primeras etapas productivas.

Según el CEAMSE, el 41,5% de la basura metropolitana corresponde a alimentos, a veces sin consumir.  Otro dato revelador de las tareas pendientes para lograr objetivos en este terreno es que de los 7 millones de toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el 2018 sólo se han reciclado 12.000 y compostado (transformado en humus) 4.300 aproximadamente, valores que representan un retroceso en relación con años anteriores.

El gasto directo vinculado al ODS 12 asciende a noviembre de 2019 a $790 millones y el gasto devengado resultó 9% superior al de 2018, fundamentalmente destinado al Programa de Políticas para el Aumento de la Producción Productividad de las Cadenas Agroindustriales (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). El indirecto, de $7.167 millones, está prioritariamente asociado a actividades de investigación del INTA.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17, Alianzas para lograr los objetivos, busca promover sinergias entre los gobiernos y la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como internacional para facilitar el cumplimiento de propósitos enunciados en el programa concebido bajo el amparo de Naciones Unidas.

Argentina incorporó seis de las diecinueve metas establecidas por la ONU relativas a: tecnología, creación de capacidad asociaciones entre múltiples interesados y datos, vigilancia y rendición de cuentas.

Entre otras metas globales, esa adhesión compromete al país a tener datos confiables, proveer indicadores del desarrollo sostenible e incrementar el acceso de la población a tecnologías como Internet, con metas definitivas al 2030 y algunas otras previas. Por cuestiones metodológicas o carencia de datos base, ese seguimiento no siempre es factible de realizar en las condiciones requeridas.

El análisis general de los indicadores disponibles muestra, entre otros tantos puntos, que Argentina está a la espera de un nuevo Plan Estadístico Nacional, parte de un proyecto de ley para modernizar el sistema elaborado por el Indec; según un estudio oficial realizado en 2016 con apoyo de Unicef, hay un 3,8% de sub-registración de nacimientos y tampoco hay un registro preciso de la totalidad de defunciones; se identificó sub ejecución de las acciones relativas al Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género en el ámbito del INAM.

El gasto directo previsto para 2019 sumó $3.280 millones (39% mayor al de 2018) y a noviembre su ejecución era del 110%.