La Inversión Pública (IP) prevista para el ejercicio 2022 ascenderá a $1.314.156 millones, lo que representa un salto de 22,6% real con relación a la ejecución presupuestaria estimada para este año.

Según las proyecciones del proyecto de ley, alcanzará 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), básicamente por el aumento de la Inversión Real Directa.

• El proyecto de inversión de mayor relevancia presupuestaria es la Construcción Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner (Tratayén y Salliqueló) ($57.088 millones), mientras que la compra de equipamiento informático para la distribución en las escuelas ($70.404 millones) lidera la adquisición de bienes de capital.
• Se prevén 794 obras de ejecución plurianual, con los mayores desembolsos en 2024. La mayor es la construcción del aprovechamiento multipropósito Chihuido I, en la provincia de Neuquén ($228.900 millones).
• Las transferencias de capital a empresas públicas y fondos fiduciarios que forman parte del Sector Público Nacional crecen 21% real en relación a este año.
• En el marco del Programa Federal Juana Manso – Conectar Igualdad se prevé para el año próximo la distribución de 1.550.000 equipos tecnológicos para el acceso a contenidos educativos y la provisión de conectividad a 40.000 escuelas.
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el China Development Bank (CDB) son las principales fuentes crediticias externas previstas para el desarrollo de infraestructura.

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 las asignaciones presupuestarias de cada política transversal evidencian incrementos en términos reales respecto al crédito vigente en 2021, con protagonismo de las transferencias monetarias directas, canalizadas a través de programas sociales.

Éstas tuvieron durante el ejercicio en curso importantes aumentos, tanto en sus valores monetarios como en el universo de beneficiarios, pero para el año que viene no se prevén cambios en los valores de esos beneficios por sobre los que se otorgaron recientemente.

La política orientada a promover un ambiente sostenible y combatir el cambio climático es la que mayor crecimiento real presenta entre el presupuesto vigente y el proyectado (25%), básicamente por la asignación de recursos a la empresa AySA, que insumió la mitad de los fondos destinada a esta política.

El aumento real para la política de igualdad de géneros es 5,3%, para la niñez y adolescencia de 4,1% y para la atención de personas con discapacidad 8,5%.

• La asignación para la Tarjeta Alimentaria, integrante de estas tres políticas transversales, registró un importante aumento en la cobertura durante el 2021, pasando de aproximadamente 1,5 millones de personas beneficiarias a comienzos de este año a 2,8 en la actualidad.
• Por primera vez el año próximo se asignarán fondos ($13.761 millones) para centros de cuidados infantiles, que no se contemplaron este año.
• La asignación presupuestaria del Programa Acompañar cae 14,7% por debajo de la inflación dada la cantidad de personas beneficiarias prevista en el PP2022 y el valor actual del SMVM.
• Las asignaciones presupuestarias para el Potenciar Trabajo en 2022 no contemplan aumentos en el valor del SMVM por sobre el otorgado recientemente, dado el nivel de cobertura esperado.
• El PP2022 no contempla la duplicación del monto de las asignaciones por hijo para los activos, dispuesta por el Decreto 719/2021, dado que la medida fue instrumentada con posterioridad a la presentación del Presupuesto.
• Si bien el análisis financiero para la AUH arroja que el crédito vigente en 2021 no estaría contemplando todos los pagos pendientes hasta fin de año, la política evidenciaría de todos modos aumentos por sobre la inflación en 2022.
• El programa Juana Manso – Conectar Igualdad, las obras de infraestructura educativa y el Fondo Nacional de Incentivo Docente presentan destacados incrementos presupuestarios.
• El aumento real en programas que atienden la discapacidad se explica, básicamente, por la suba de las pensiones por invalidez.
• Se refuerzan también las partidas orientadas a la inserción de trabajadores con discapacidad.
• Hay otras políticas orientadas a personas con discapacidad que no son abordadas mediante el etiquetado ni se mencionan en el Anexo del Mensaje de Elevación como parte de esta política transversal.
• Dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se registran aumentos reales en acciones de dirección y conducción de la política ambiental y caídas en las acciones de conservación y protección de la biodiversidad y gestión del cambio climático.
• Se esperan importantes aumentos en las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Obras Públicas y ENOHSA, asociados a obras de infraestructura hídrica y de saneamiento.
• Hay casos en los que las metas físicas no se corresponden estrictamente con las asignaciones presupuestarias, lo que impondría modificaciones.

Para 2022, los recursos tributarios proyectados por la Oficina de Presupuesto del Congreso alcanzan a $15.325.331 millones, monto inferior en $248.443 millones (1,6%) a la estimada en al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022.

Este supuesto implica un crecimiento real de la recaudación de 9%, con distinto comportamiento según los tributos.

Las principales diferencias entre las proyecciones de la OPC y las del PP2022 para el cierre del año en curso surgen en Impuesto a las Ganancias (-$63.504 millones), Créditos y Débitos Bancarios (-$ 28.307 millones) y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-$21.595 millones). En sentido opuesto, la OPC estima una mayor recaudación que el PP2022 para IVA neto de reintegros (+$39.674 millones) y para Otros Impuestos (+$8.389 millones).

En algunos casos las diferencias son por distintas estimaciones respecto a la dinámica de la actividad (ej: recuperación del salario y puestos de trabajo); en otras, por la aplicación de cambios en las normas impositivas, que dificultan los cálculos.

Pero en el mensaje no hay parámetros precisos de cómo se distribuirán los recursos ni consistencia en la categorización de cuándo un ingreso es “tributario” o “no tributario”, lo que dificulta el análisis parlamentario.

Esta evaluación considera como hipótesis de trabajo que la distribución de los recursos del año próximo será igual a la de este año. Las proyecciones de OPC están fundadas en los mismos supuestos macroeconómicos y en las mismas pautas normativas.

• Para el año próximo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 (PP2022) incluye pagos de intereses de la Administración Nacional (AN) por $1.096.913 millones, incluyendo intereses intra sector público. El peso de los intereses sobre el gasto total de la AN aumentaría de 7,1% en 2021 a 8,2% en 2022.
• Considerando además las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes, el gasto estimado en intereses del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) pasaría de 1,7% del PIB en 2021 a 1,9% del PIB en 2022. Parte del incremento proyectado se debe a las mayores tasas de interés que devengarán en 2022 los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera completada en septiembre de 2020, que tienen una estructura de cupones crecientes (“step up”).
• Las necesidades de financiamiento previstas para 2022 totalizan 17,5% del PIB. Se prevé que sean cubiertas con colocaciones brutas de títulos públicos (incluyendo intra sector público) por 10,7% del PIB, otorgamiento bruto de Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA) por 3,8% del PIB y desembolsos brutos de organismos internacionales por 2,9% del PIB.
• La asistencia neta del BCRA al Tesoro alcanzaría 1,8% del PIB en 2022, y se efectivizaría exclusivamente a través del otorgamiento neto de Adelantos Transitorios.
• Los artículos 39, 45 y 47 del PP2022 establecen límites a los montos brutos de emisión de títulos y contratación de préstamos con vencimiento posterior al cierre del ejercicio 2022, con un monto total autorizado equivalente a $6,59 billones, USD32.993 millones y EUR287 millones. Por otro lado, los artículos 40 y 41 autorizan el uso del crédito a corto plazo (con vencimiento dentro del mismo ejercicio), estableciendo límites sobre los montos en circulación de dichos instrumentos por un total de $2,78 billones.

Hasta el 31 de mayo la Administración Pública Nacional acumuló un déficit primario de $172.411 millones y uno financiero de $395.353, con una priorización del gasto en servicios sociales, que representaron el 69,1% del gasto total ejecutado.

El detalle surge del informe de avance del proyecto de ley de presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional a fin de junio.

El trabajo precisa que el paquete fiscal y financiero para paliar los efectos de la pandemia alcanzó una suma equivalente a 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, proporción que bajaría a 1,4% del PBI este año, con recursos destinados a proteger a las familias y a sectores específicos.

El monto de intereses de deuda estimado para este año se calcula equivalente a 1,5% del PIB. Fuera de este valor, el informe no presenta proyecciones para 2021 ni 2022.

Entre los objetivos de la política presupuestaria para el año próximo se destacan la gestión de la macroeconomía, el desarrollo de la infraestructura del país, el fortalecimiento productivo, la inclusión social activa con perspectiva de género, la educación, la salud y la inversión pública.