El 28 de febrero se publicó en el Boletín Oficial el DNU 193/2020 por medio del cual se incorporan disposiciones complementarias a la prórroga del presupuesto que rige para el ejercicio 2020, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4/2020.  

Es importante destacar que no se efectúan modificaciones en el nivel de créditos ni de recursos distribuidos por la Decisión Administrativa 1/2020.

El Proyecto de Presupuesto enviado al Congreso en septiembre del 2019 estima un monto de inversión pública para la Administración Nacional de $ 232.211 millones, con un aumento nominal estimado de 19,6% año contra año con respecto a la proyección de cierre de 2019 efectuada por el Ministerio de Hacienda.

La inversión pública de todo el Sector Público Nacional –sumando empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes- ascendería a $318.022 millones, según surge del Mensaje 2020, lo que equivale a 4,9% del gasto total del SPN. Esto implica una caída de 10,9% año contra año en relación con lo proyectado para el año en curso.

La mayor suba se advierte en las transferencias de capital que Nación realiza a otros entes o jurisdicciones para ejecutar obras o comprar bienes que aumentan 32,4%. La inversión real directa (proyectos de obra y adquisición de equipos) sólo lo hace 6,1% a/a.

El desagregado geográfico de esas transferencias muestra una concentración en la Región Pampeana, básicamente en la provincia de Buenos Aires (18%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10,3%), jurisdicciones en las que se concentra la mitad de la inversión real directa.

El proyecto contempla la ejecución de 995 proyectos a cargo de la Nación por un monto promedio de $ 80 millones cada uno. El monto total muestra una tendencia declinante desde el 2011: de 0,68% del PIB en 2011 a 0,25% en 2020.

Los mayores montos están asignados a obras ferroviarias, como la mejora del Ferrocarril Belgrano Cargas, que involucra varias jurisdicciones y demandaría $ 5.000 millones, y al tendido de autopistas, entre ellas la ruta 19 que une San Francisco con Córdoba o la ruta 8 que conecta Pilar con Pergamino.

En el Resto del Sector Público, las principales inversiones directas serían ejecutadas por empresas públicas: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (36,9% del total) e Integración Energética Argentina S.A. – Ex- ENARSA (30,3%).

La Oficina de Presupuesto del Congreso realizó sus propias proyecciones para el ejercicio económico del año próximo de la Administración Nacional y sobre la hipótesis de que no habrá cambios en la política en curso.

La OPC estima para 2020 un déficit primario de $154.914 millones (-0,5 % del PIB), que contrasta con el superávit de $250.939 millones (+0,8% del PIB) proyectado por el PP2020.  El déficit financiero alcanzaría a $1.367.307 millones (-4,3% del PIB), superior al previsto en el Proyecto de Presupuesto de $786.175 millones (-2,5% del PIB).

Estas diferencias son resultado de supuestos macroeconómicos diferentes, con impacto en el nivel efectivo de recursos y su distribución entre las jurisdicciones nacional y provincial.

• La Oficina prevé para el 2019 una caída del Producto Bruto Interno de 2,9% y para el año próximo un retroceso de 2,2% del PBI, lo que contrasta con la suba de 1% contenida en el Proyecto de Ley bajo análisis parlamentario.
• Se proyecta para 2019 un tipo de cambio nominal y una tasa de inflación más elevadas a las presentadas en la propuesta del Poder Ejecutivo. La cotización del dólar promedio anual, sería de $69,3 y el Índice de Precios al Consumidor (d/d) de 46,4%.
• Los recursos tributarios totales caerían en términos reales tanto en 2019 como en 2020, aunque a diferente velocidad. Mientras que para este año se proyecta una reducción de 4,2% a/a, en 2020 la contracción estimada se aceleraría a 5,8% año contra año.
• Se destaca particularmente la caída en términos del PBI de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales, lo que implica menos recursos para el Gobierno Nacional.
• La pérdida de impulso de los Derechos de Exportación (principal factor de crecimiento de la recaudación durante 2019), y a los cambios normativos en el Impuesto a las Ganancias y en las Contribuciones Patronales explican parte del retroceso.
• En el primer semestre del año se concentrará el 73% de los pagos totales de deuda y las necesidades brutas de financiamiento para el año próximo se estiman en el equivalente a 17,8% del PBI.
• El ajuste por la fórmula movilidad sería del 51,30% a lo largo del 2020 y se aplicaría para las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y otras prestaciones sociales.
• La proyección de los gastos en personal contempla aplicar la política salarial instrumentada durante 2019.
• El monto previsto para subsidios a la electricidad se basa en la política definida en el proyecto de ley de presupuesto de que los usuarios asumen el 63% del costo mayorista de generación y que, en el caso del gas son similares los volúmenes y precios de importación a los del 2019.
  
  

El Gasto Público Social (GPS) proyectado para el 2020 asciende a $3.906.231 millones, lo cual implica una contracción de 0,6% año contra año en términos reales con relación a lo estimado para 2019. Pero eso mismo implica un incremento de 5,9 puntos porcentuales (p.p) respecto a la participación promedio de los años 2015-2018 y de 0,9 p.p. respecto a la proyectada para 2019.

Constituye el 12,3% del PIB estimado por el Proyecto de Ley Presupuesto, 0,3 p.p. menos que lo proyectado para 2019 y 1,5 p.p. menos que el registro de 2018. El GPS previsto para 2020 equivale al 62,5% de los gastos totales y el 77,4% de los gastos primarios, niveles prácticamente equivalentes a los proyectados para 2019.

El 80% del GPS corresponde a la función Seguridad Social, atribuyéndose su creciente incidencia al hecho de que el 90% del mismo está indexado por el índice de movilidad. Este rubro constituye el máximo histórico desde 1993. Según los supuestos macroeconómicos oficiales, las jubilaciones y pensiones recuperarían 1,7% en términos reales, contra una caída en el resto de las prestaciones.

Todas las funciones del gasto social registrarán variaciones reales negativas para 2020, a excepción de Seguridad Social, que aumentará 0,5% a/a. Las funciones que más caen son Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado, con variaciones reales de 21,3% a/a y de 16,0% a/a.