OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – ENERO 2021

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – ENERO 2021

En enero se realizaron dos licitaciones que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $250.188 millones en valor nominal original (VNO).

Se cancelaron títulos públicos de mercado por el equivalente a USD2.182 millones. De ese total, USD2.172 millones se pagaron en efectivo en pesos ($189.563 millones), mientras que el resto correspondió a bajas por operaciones de canje de títulos denominados en dólares.

En el mes se recibieron desembolsos de préstamos por USD35 millones y se pagaron amortizaciones por USD291 millones, principalmente correspondientes a préstamos bilaterales.

En enero se cancelaron intereses por el equivalente a USD434 millones, de los cuales 85% se realizó en moneda nacional. Se destaca el pago de intereses de Cuasipar y Discount en pesos ajustables por CER por un total de $16.026 millones (aproximadamente USD189 millones).

Se estima que los vencimientos para febrero totalizan el equivalente a USD4.011 millones, (amortizaciones por USD3.555 millones e intereses por USD455 millones). Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos estimados se reducen a USD2.055 millones.

Para el período febrero-diciembre de 2021, se estiman vencimientos por USD53.086 millones, que se reducen a USD28.404 millones si se excluyen los vencimientos intra sector público.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ENERO 2021

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – ENERO 2021

En el primer mes del ejercicio se registró una mejora real de los resultados primario y financiero respecto a enero del 2020, motivada por una baja del gasto y una recomposición de los ingresos tributarios.
El superávit financiero de $101.470 millones contrasta con el déficit de $3.859 millones registrado en el anterior enero, mientras que el resultado primario alcanzó a $138.448 millones, con una suba de 23,5% real respecto al del año previo ($81.151 millones).

Los ingresos se incrementaron 3,4% año contra año (a/a), básicamente por la suba de 25,1% a/a de los ingresos tributarios, lo que compensó variaciones negativas en otros rubros.

El impulso lo dio Derechos de Exportación, básicamente por la baja base de comparación del año anterior, ya que muchas operaciones se habían anticipado en diciembre de 2019, implicando menores ingresos en enero de 2020.

Los gastos primarios disminuyeron 1,9% a/a con un comportamiento dispar por rubro. Las mayores reducciones se registraron en transferencias corrientes a provincias, jubilaciones y pensiones y salarios, con variaciones de 34,0% a/a, 13,5% a/a y 4,5% a/a, respectivamente.

Los gastos totales devengaron el 5,4% del crédito presupuestario. Sobresalen por el nivel de ejecución del gasto alcanzado las transferencias a universidades (6,8%).

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL – ENERO 2021

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL – ENERO 2021

La recaudación tributaria ascendió en enero de 2021 a $772.860 millones, lo que implicó un crecimiento de 46,6% año contra año (a/a).

Por su parte, la recaudación ajustada por inflación se expandió 6,3% a/a, lo que representó el quinto avance consecutivo y el máximo crecimiento desde mayo de 2018.

La gradual recuperación del nivel de actividad, la devaluación del peso y los cambios normativos contribuyeron favorablemente en Bienes Personales, Ganancias e Internos Coparticipados, y el impuesto PAIS, respectivamente.

La baja base de comparación en lo referido a los Derechos de Exportación favoreció que estos recursos muestren un buen desempeño, consecuencia del reducido pago de Derechos en enero de 2020, posterior al adelanto que había operado durante los últimos meses de 2019. El incremento en los precios del complejo soja contribuyó en igual sentido.

Los recursos de la Seguridad Social continuaron con su tendencia descendente, aunque a un ritmo menor.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

  • El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
  • La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
  • Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
  • 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
  • La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
  • El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
  • El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
  • La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA – AÑO 2020

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA – AÑO 2020

La Inversión Pública ejecutada en el año 2020 por la Administración Nacional ascendió a $300.455 millones, lo cual representa una caída en términos reales de 16,9% a/a (año contra año), que se convierte en un aumento de 12,9% si se excluye de 2019 el registro de $67.276 millones correspondientes a una regularización patrimonial de erogaciones efectuadas en otros ejercicios. Mientras que la Inversión Real Directa, uno de los dos conceptos que integran la inversión pública, exhibe una caída real de 55,1% a/a, las Transferencias de Capital, muestran un incremento de 42,9% a/a.

• La caída de la IRD se debe a atrasos en la ejecución de las obras que fue compensada parcialmente por la adquisición de equipos sanitarios y de laboratorios por parte del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

• El presupuesto 2019 prorrogado durante 2020 contempló 1.082 obras.. Durante 2020 solo 487 de ellas registraron ejecución. Más de la mitad del devengado en proyectos de inversión se concentró en 15 obras relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

• El 47,6% del crecimiento de las transferencias de capital se concentra en las transferencias a las empresas públicas. Se destacan las efectuadas a AYSA SA y a IEASA SA que exhibieron subas reales del 64,8% a/a, 128,2% a/a en comparación con las realizadas en 2019.

• Desde el punto de vista geográfico más de la mitad de la inversión pública se concentró en la región Pampeana, seguida por la inversión sin región especificada.

• La inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) el 1,1%. Si se descuenta la regularización de 2019, éste se convierte en el año de menor inversión, con un equivalente a 0,9% del PIB.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL NACIONAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A mediados de 2020, existían en Argentina 13.151.586 niños, niñas y adolescentes (grupo de personas hasta 17 años). El 57,1% era pobre y el 15,8% indigente, valores muy superiores a los del promedio general de la población.

  •  4,6 millones de niños y niñas y 2,9 millones de adolescentes se encontraron bajo la línea de pobreza.
  • Las tasas de pobreza e indigencia en hogares con niños, niñas y adolescentes triplicaron a las de los hogares sin ellos.
  • El 40% de los hogares con personas ocupadas en donde viven personas menores de edad se encontró por debajo de la línea de pobreza. Esto implica que pese a contar con al menos un ingreso laboral, dicho ingreso no resultó suficiente para cubrir las necesidades básicas familiares.
  • El 96,9% de los niños, niñas y adolescentes en edades de educación obligatoria (4 a 17 años) se encontraba escolarizado, asistiendo la mayoría a establecimientos de gestión estatal. Para el segmento no obligatorio ese porcentaje baja a 14,5%.
  • La incidencia de la pobreza cae de modo abrupto si el/la jefe/a de hogar logra concluir sus estudios secundarios. Sin embargo, uno de cada seis hogares con jefe/a universitario/a se encontró por debajo de la línea de pobreza.
  • Las acciones emprendidas por el Estado Nacional para atender a niños, niñas y adolescentes implicaron un esfuerzo presupuestario de 3,6% del PBI en el año 2020 y representaron el 12,7% del gasto total.
  • Las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones generales de la población pero que tienen impacto también sobre este segmento, insumieron 2,4% adicional.
  • Los esfuerzos estatales fueron insuficientes para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de este grupo etario, resultando necesario profundizar la atención sobre él para garantizar su acceso a derechos básicos.