El presente informe analiza el Proyecto de Ley de creación de un régimen previsional diferencial para los/as trabajadores/as vitícolas y para contratistas de viñas y frutales, con el fin de que puedan acceder al beneficio a los 57 años, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes.
Asimismo, se prevé el incremento de la contribución patronal con destino al SIPA en dos puntos porcentuales (2%).

Según las estimaciones de la OPC, la población aportante alcanzada por el citado proyecto se estima en 35.700 personas.

Por el lado de los ingresos, el impacto fiscal atribuido al incremento en 2 puntos porcentuales (2%) de las contribuciones patronales se proyecta en $131 millones.

Según las estimaciones realizadas, a partir de la información disponible y bajo determinados supuestos, se estimó en 2.115 personas el incremento de los casos en edad de retiro ocasionados por la reducción de la edad jubilatoria (mayor o igual a 57 años).

A fin de efectuar la estimación del impacto de los mayores gastos, se consideraron 5 hipótesis de porcentajes de altas de retiros durante el primer año, que van del 20,6% al 100% de dicha población, con un gasto asociado de entre $131 y $634 millones.

Suponiendo que el 20,6% del incremento de los casos en edad de retiro se den de alta, el impacto fiscal sería neutro ya que los mayores gastos se compensan con el incremento de la recaudación.

Bajo una hipótesis de altas del 50% el costo fiscal asociado al Proyecto de Ley ascendería a $187 millones y con una adhesión del 100% se elevaría hasta $504 millones.

El Proyecto de Ley establece un Marco Regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, para lo cual dispone la creación de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que actuará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

A fin de medir el impacto fiscal del proyecto se realiza el supuesto de que la ARICCAME empezará a funcionar en el ejercicio 2022, ya que aún restan pasos en el proceso legislativo para su sanción y requiere posteriormente la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Dadas las experiencias en otros países, no se prevén ingresos para el primer año de funcionamiento de la Agencia. En tanto, por el lado de los gastos, se estima un monto de $159,1 millones para el próximo ejercicio.