La Oficina de Presupuesto del Congreso está desarrollando un proyecto para analizar la carga tributaria sobre un conjunto de actividades económicas en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal del país, relevamiento que alcanza a 30 ciudades distribuidas en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este trabajo es una aproximación metodológica, que incluye un mapeo de impuestos provinciales y su capacidad de nutrir las arcas públicas.

El paneo por los principales tributos, su génesis legal y su impacto recaudatorio aspira a precisar, entre otras cosas, cuál es la verdadera magnitud de la presión fiscal, cuál la carga tributaria del empleo y cuántos recursos aporta cada gravamen.

Por dificultades para establecer parámetros y hacer mediciones comparativas, el foco estará puesto en medir “la presión fiscal teórica”, de acuerdo al lugar en que se desarrolle cada actividad. El supuesto será que cada una se realiza sólo en un lugar de residencia de la empresa y tributa en una sola jurisdicción.

A modo de síntesis se puede decir que esta tarea, enfocada en 30 ciudades y para 5 sectores de actividad, ha revelado la existencia de más de 150 tributos que recaen sobre la actividad económica en el país, con localidades que acumulan entre los tres niveles de gobierno entre 21 y 40 impuestos distintos, lo que da indicios claros de la dificultad que enfrenta cualquier agente económico para dar cumplimiento a los mismos.
El complejo universo del diseño impositivo provincial dificulta una base sólida de comparación y su comportamiento es diferente por jurisdicción: a diferencia de 2018, donde algunas provincias aprovecharon para incrementar sus alícuotas hasta el límite admitido por la legislación, en 2019 se observa una tendencia a la baja.

Las permanentes modificaciones en alícuotas y tasas relativizan la legalidad y transparencia del sistema.