El presente informe analiza el proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias sobre sociedades y se evalúa el posible impacto sobre los ingresos del sector público.
Se prevé la introducción de un esquema de alícuotas marginales crecientes en función de las ganancias obtenidas en un ejercicio, creciendo desde la alícuota actual de 25% a 30% para ganancias superiores a $5.000.000, y de 35% para las que superan los $20.000.000.
Se prevé la actualización de las escalas de forma anual según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC.
Según las estimaciones de la OPC, el impacto fiscal de la modificación de alícuota sobre ganancias sería de $320.821 millones que se vería reflejado en los ingresos fiscales mayoritariamente a partir de mayo de 2022.

El Proyecto de Ley S-0269/2020 tiene por objeto promover el empoderamiento efectivo de las mujeres y personas travestis, transexuales y transgéneros que viven en el medio rural, y que realiza, además del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, trabajos productivos relacionados a la agricultura y la ganadería o que tienen a su cargo explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Art 8 del Proyecto de Ley estipula que las erogaciones asociadas a las acciones de capacitación y formación técnica, otorgamiento de beneficios financieros y la construcción y/o adecuación de espacios para la conciliación familia trabajo, se financiarán con fondos que integren el Fondo para la Promoción de la Participación Efectiva de la Mujer y Diversidades en ámbitos rurales (FoPPeMuDiR). En virtud de ello, para efectuar la estimación del impacto fiscal asociado al Proyecto de Ley, se requiere conocer los parámetros a emplearse en la conformación del citado Fondo.

El presente informe analiza las iniciativas sobre modificación al Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría y se evalúa el posible impacto sobre los ingresos del sector público.
Se prevé un incremento de la deducción especial de manera tal de dejar sin efecto el impuesto para las remuneraciones brutas mensuales menores a $150.000, y aliviar la carga impositiva para las mayores a $150.000 y menores a $173.000.
Respecto de las jubilaciones con origen en el trabajo personal, se propone modificar lo que respecta a la deducción específica, incrementándola de 6 a 8 haberes mínimos garantizados.
El proyecto contempla la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la interpretación de inciso c) del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Según las estimaciones de la OPC, el impacto fiscal de lo explícitamente especificado en el proyecto sería una reducción de los ingresos por el Impuesto a las Ganancias de $34.144 millones que, de aplicarse una fórmula presentada por AFIP en las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación para los más de 225.000 contribuyentes con remuneraciones entre 150.000 y 173.000, se elevaría hasta $47.569 millones.

El Proyecto de Ley para la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Expte. CD-54-2020) tiene por objeto el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas durante los primeros años de vida, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral y prevenir la violencia.

En función del análisis efectuado, se consideró que las medidas con impacto fiscal para el Estado Nacional presentes en el Proyecto de Ley serían las vinculadas con la ampliación de la política de asignaciones familiares (Art 4, 5, 6, 7 y 10 del Proyecto de Ley), capacitación al personal interviniente en la atención del embarazo y primera infancia (Art. 17) y la provisión de estudios y tratamiento para personas gestantes con riesgo de trombofilia (Art. 23).

En relación con las primeras, se estima un costo fiscal de $5.132 millones. Por su parte, en relación con la segunda medida, no ha sido posible efectuar la estimación de su impacto fiscal en virtud de requerir información relativa a la duración y modalidad de la capacitación, la población destinataria, el personal encargado de las tareas de armado, preparación y dictado de la capacitación, entre otras variables. Finalmente, en relación con la medida de atención a personas gestantes con embarazo de alto riesgo por presunción de trombofilia, se estima un impacto fiscal de $381 millones cada 1.000 personas gestantes.

El Proyecto de Ley S-1111/2019 tiene por objeto instituir el Marco Regulatorio de las Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la Economía Social destinado a promocionar e incentivar el consumo y la comercialización directa de productos agroalimentarios y frutihortícolas de producción regional a los consumidores en todo el territorio nacional regulando la organización de los medios materiales y recursos humanos necesarios a tales fines.

El Proyecto sometido a consideración contiene una serie de medidas que implican mayores erogaciones presupuestarias. En función del análisis efectuado, se considera que las principales medidas con impacto fiscal para la Administración Nacional se encuentran vinculadas a las acciones para la realización de las ferias (artículos 2 y 6) y a los créditos y subsidios (artículo 5). A partir de la determinación de su ámbito de aplicación, de la población beneficiaria y de los rubros financiables por el Estado Nacional, se estimó un costo fiscal anual de $7.713 millones.

En tanto, el Proyecto de Ley S-1112/2019 crea el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar a los efectos de establecer un marco regulatorio que garantice la preferencia de compra de los productos de la Agricultura Familiar y fije los parámetros básicos a observar en los procesos de compra pública de la Administración Pública Nacional.

El Régimen dispone de una serie de parámetros que las contrataciones del Estado deben cumplir, respecto de las producciones de la Agricultura Familiar. Entre ellos se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para aquellas compras de bienes alimenticios que provengan de las unidades productivas inscriptas en determinados registros nacionales, siempre que exista oferta en las mismas.
En principio, no se identifica un impacto fiscal para este Proyecto, sino un redireccionamiento del gasto.

Se estima que las acciones de capacitación, de difusión, de asistencia técnica y financiera y de apoyo a los productores de la Agricultura Familiar podrán llevarse a cabo con recursos existentes. Se asume que las capacitaciones podrán desarrollarse en articulación con el INTA, el SENASA y otras instituciones especializadas públicas o privadas.

El Proyecto de Ley crea el programa PATRIA con el fin de afianzar las rutas de fomento aéreo en todo el territorio nacional.

Para la ejecución del programa PATRIA, Líneas Aéreas del Estado (LADE) será el organismo de aplicación y ejecución, y utilizará aeronaves de la fuerza aérea con su personal. Por su parte, el Ministerio de Defensa proveerá servicios de mantenimiento y nuevo material de las aeronaves.

La estimación del costo fiscal del Proyecto se realiza en base a tres escenarios:

• Escenario 1: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento, Combustible y Adiestramiento de pilotos y la recaudación por venta de pasajes permitiría cubrir los costos de funcionamiento de LADE. Se estimó un costo fiscal de $1.334 millones para 2021 y de $2.012 millones para 2022.
• Escenario 2: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento, 75% del Combustible y 75% Adiestramiento de pilotos y la recaudación por venta de pasajes permitiría cubrir 25% de los costos del Combustible y Adiestramiento de pilotos y los costos de funcionamiento de LADE. Este escenario implicaría un costo de $1.149 millones en 2021 y de $1.737 millones en 2022.
• Escenario 3: el Proyecto PATRIA cubre los costos de Mantenimiento y la recaudación por venta de pasajes permite cubrir 50% de los costos de combustible y adiestramiento de pilotos y los costos de funcionamiento de LADE. Se calcula un costo fiscal de $1.019 millones para el ejercicio 2021 y de $1.549 millones para el ejercicio 2022.