El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 14 de febrero un proyecto de ley referido a los regímenes previsionales especiales de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación, que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, pasando en revisión a la Cámara de Senadores.

Con la normativa vigente se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2.347 millones para el del Servicio Exterior.

En tanto, el ahorro fiscal derivado de las modificaciones propuestas por el lado de los ingresos (incremento de las alícuotas de los aportes personales), se estima en $3.896 millones para el Poder Judicial y $424 millones para el Servicio Exterior.

Actualmente, las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de los programas Políticas Alimentarias y Plan Nacional de Protección Social, ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, como así también a través del programa Pro Bienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

De la lectura del proyecto de ley surgen dos escenarios posibles para la estimación de un costo fiscal:

1. Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones.
2. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.

Los beneficios impositivos para las actividades económicas comprendidas en lo que el proyecto de ley define como Economía del Conocimiento, originarían un costo fiscal de $12.192 millones de pesos durante 2020. Esto representa aproximadamente un 0.05% del PBI proyectado para ese año.

Entre las franquicias tributarias contempladas se destacan la implementación adelantada del mínimo no imponible aplicable a la liquidación de las Contribuciones Patronales, el otorgamiento de un certificado de crédito fiscal equivalente a 1,6 veces el monto de tales contribuciones aplicable al pago de otros tributos nacionales, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la no aplicabilidad de retenciones y/o percepciones en el Impuesto al Valor Agregado. La vigencia de este régimen de promoción se estipula desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2029

La Ley de Presupuesto del año 2019 incluye ochenta proyectos a financiar mediante el esquema de Participación Público-Privada (PPP) que, de ejecutarse, comprometerían US$73.528 millones de fondos públicos entre 2019 y 2048. Estos emprendimientos pueden generar pasivos directos y contingentes para el Estado Nacional que afectarán el resultado fiscal futuro.

Según está previsto, en 2019 el avance de las obras no se vería reflejado presupuestariamente como un gasto de capital sino como una inversión financiera (bajo la línea), por lo que no impactará en el resultado del correspondiente ejercicio. Y los Títulos para Inversión (TPI), emitidos por los fideicomisos de cada proyecto, no son considerados deuda pública, aunque tienen rasgos comunes a los bonos soberanos y su repago involucra principalmente fondos públicos.

Siguiendo las mejores prácticas en la materia, debería desarrollarse una metodología de valuación de los pasivos contingentes vinculados a los proyectos PPP, tema en el cual el Poder Ejecutivo ya se encuentra trabajando.

Las ventajas impositivas para empleadores, incluidas en el Proyecto de ley de Régimen Federal de Inclusión Socio-laboral para Personas con Discapacidad, originarían un impacto fiscal negativo estimado de $1.725 millones el primer año y $1460 millones los siguientes.

Sólo en el primer año de prestación de servicios, estará vigente el beneficio de tributar la mitad de las contribuciones patronales. Durante el tiempo de contratación, el empleador podrá deducir la totalidad de las remuneraciones que queden bajo el régimen del Impuesto a las Ganancias.