El presente informe se elabora a requerimiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y versa sobre el proyecto de ley de referencia, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación con fecha 11 de febrero de 2020. La finalidad del proyecto de ley consiste en la creación de «Capitales Alternas de la República Argentina».

Según se precisa en el mensaje de remisión, esta iniciativa se enmarca en las políticas de descentralización y federalización encaradas por el Poder Ejecutivo Nacional y se fundamenta la coordinación entre los distintos
niveles de gobierno como buena práctica de gestión pública. También en el objetivo de lograr un desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas y propicie un proyecto común para todo el país.

El proyecto de ley para la promoción de la actividad turística con origen en el Senado de la Nación tendrá un costo fiscal estimado de 86.697 millones de pesos, tanto por los mayores gastos que afrontará la Administración Nacional como por los ingresos que debería resignar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

La estimación no incluye el costo de la prórroga de impuestos, medida con costo financiero pero no económico.

Aquel número surge de trabajar sobre el supuesto de un 50% de la masa salarial deducible del Impuesto a las Ganancias y la baja en la alícuota del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, porcentaje no explicitado en el texto.

La iniciativa parlamentaria propone un plan de asistencia de ciento ochenta días a algunas empresas radicadas en zonas del país que dependen prioritariamente de esta actividad, conformado por incentivos fiscales y programas estímulos concebidos sobre la base de aporte de fondos públicos o menor cobro de impuestos.

IMPACTO FISCAL DEL BORRADOR DE DICTAMEN PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA TURÍSTICA, SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

Los Presupuestos con Perspectiva de Género (PPG) proporcionan un medio para determinar el efecto que las políticas gubernamentales tienen sobre el logro de la igualdad de género y de este modo brindan información valiosa a las autoridades encargadas de diseñar y evaluar las políticas.

En este sentido, el Proyecto de Ley S-0268/2020 propone la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. A efectos de analizar el mencionado Proyecto se efectúa un abordaje en dos niveles:  por un lado, se analizan las principales aristas conceptuales y metodológicas a considerar en términos de la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos y por otro lado, se incorporan sugerencias técnicas relativas a las modificaciones a la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 14 de febrero un proyecto de ley referido a los regímenes previsionales especiales de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación, que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, pasando en revisión a la Cámara de Senadores.

Con la normativa vigente se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2.347 millones para el del Servicio Exterior.

En tanto, el ahorro fiscal derivado de las modificaciones propuestas por el lado de los ingresos (incremento de las alícuotas de los aportes personales), se estima en $3.896 millones para el Poder Judicial y $424 millones para el Servicio Exterior.

Actualmente, las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de los programas Políticas Alimentarias y Plan Nacional de Protección Social, ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, como así también a través del programa Pro Bienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

De la lectura del proyecto de ley surgen dos escenarios posibles para la estimación de un costo fiscal:

1. Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones.
2. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.