El proyecto de ley propone la creación del programa “Argentina Inclusiva”, destinado a la capacitación permanente y obligatoria a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en materia de discapacidad y accesibilidad universal.

El costo fiscal asociado a la ejecución de la capacitación que se propone se estima mediante el cálculo de los costos de tres conjuntos de actividades asociadas:

• Elaboración, difusión y circulación de los lineamientos generales y certificación de las capacitaciones.
• Preparación del contenido la capacitación.
• Dictado de la capacitación a los agentes del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF).

Si se asume la contratación de nuevo personal para el desarrollo de las actividades descriptas, el impacto fiscal asociado a la medida se ubicaría entre $3.300 y $3.660 millones en 2024, equivalente al 0,0006% del Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto de ley en revisión de financiamiento a Universidades Nacionales con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de esas casas de estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)., descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1/12/2023 y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando a cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por INDEC.

El proyecto propone la aplicación de una tarifa eléctrica diferencial para Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe -en tanto esas regiones no cuenten con conexión a red de gas natural-, que surge de la aplicación del cuadro tarifario de ENRE reducido en al menos 30%.

Debido a la falta de información, la OPC no se encuentra en condiciones de estimar un costo fiscal representativo del proyecto bajo análisis.

El informe analiza las diferencias entre el impacto fiscal de la fórmula propuesta en el proyecto de ley y el vigente, considerando que el nuevo sistema entraría en vigencia el 1 de agosto. El análisis se enfoca en el año en curso y para el año 2025, considerando distintos escenarios configurados según la evolución de las variables usadas para los cálculos.

La iniciativa con media sanción propone una actualización mensual en base al IPC, con un refuerzo anual en marzo equivalente al 50% de la variación del RIPTE, si éste hubiese aumentado más que los precios. Por única vez se aplicará un incremento complementario al de abril pasado, que suba del 12,5% al 20% esa recomposición, y el haber mínimo no podrá estar por debajo de la canasta básica total de un adulto equivalente.

Se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme o las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.

• Esto representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI, en caso que continúen pagando hasta fin de año los bonos de $70.000 para jubilados de menores ingresos. Si éstos se discontinuaran ese costo añadido equivale al 0,74% del PIB.
• Para 2025, dependiendo de los posibles escenarios a aplicar, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PIB para el caso de continuidad de los actuales bonos. Comparado con la aplicación del DNU 274/24 sin bonos de $ 70.000 el impacto incremental se estima entre 1,14%y 1,25%.
• Las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales asciende a 703.353 millones de pesos (corrientes) monto equivalente a 0,13% del PBI.

El informe analiza los cambios introducidos en la media sanción de Diputados y en el dictamen de mayoría del Senado al texto original de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y su impacto fiscal.

En materia de impacto fiscal, se identificaron los siguientes cambios:

• En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, el aumento del beneficio a contribuyentes cumplidores podría potencialmente incrementar el costo fiscal de las modificaciones en los períodos fiscales 2023 a 2025, en comparación con el texto original del proyecto.
• Los cambios al texto de la reforma del Impuesto a las Ganancias reduciría el impacto de estas medidas sobre el impuesto determinado de 2024 de 0,5004% del PIB en el texto original a 0,4303% según el texto de la media sanción de Diputados y a 0,4111% del producto según el texto del dictamen de mayoría del Senado.
• En cuanto al Régimen Simplificado, el tratamiento diferenciado otorgado a los efectores sociales en el dictamen de mayoría del Senado moderaría el incremento previsto de la recaudación de Monotributo y del sistema de obras sociales.

Los siete proyectos analizados proponen restituir el Fondo de Incentivo Docente desde el primer día del 2024 por diferentes lapsos de tiempo, lo que supone abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.

El FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable.

El Fondo fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el presupuesto nacional.

• Durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.
• En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB.
• En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto., entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad.
• La restitución del FONID implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PIB si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024.
• Los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre.
• Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes.