La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, Ley 27.260). Este análisis incluye la ampliación de los períodos considerados para la constitución de los planes de pago de deuda y la cancelación de aportes y la modificación de las condiciones de acceso a la PUAM. Considera además la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo se desagrega de la siguiente manera:

• Impacto por moratoria previsional: La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
• Impacto por Ampliación de la PUAM: La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario. Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:

• Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad: Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
• Incentivo a la contratación: La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
• Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).

El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar. Por lo tanto, el costo fiscal total aquí presentado debe considerarse como una estimación de mínima.

La iniciativa tiene por objetivo crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero. 

El costo fiscal de la medida viene asociado principalmente con la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos por parte de los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización. 

Por falta de información precisa no es posible estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto.

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.

• Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
• Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
• Compensación de emergencia a prestadores: $278.323 millones.
• Asignación para talleres de producción: $7.160 millones.

No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso.

El proyecto de Ley bajo análisis impulsa la extensión a todas las empresas que operan en Argentina prestando servicios de transporte aerocomercial de pasajeros del beneficio dispuesto en el art. 90 de la Ley 27.431, que permite a Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus empresas controladas aplicar el saldo técnico de IVA al pago de otros impuestos cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La información remitida por ARCA permitió estimar un costo fiscal mínimo de $13.863 millones por el stock de saldo técnico a favor del contribuyente a febrero de 2025. Complementariamente se realizó un análisis de sensibilidad que ubicó ese costo mínimo en un rango de entre $11.817 millones y $24.947 millones.