El informe analiza las diferencias entre el impacto fiscal de la fórmula propuesta en el proyecto de ley y el vigente, considerando que el nuevo sistema entraría en vigencia el 1 de agosto. El análisis se enfoca en el año en curso y para el año 2025, considerando distintos escenarios configurados según la evolución de las variables usadas para los cálculos.

La iniciativa con media sanción propone una actualización mensual en base al IPC, con un refuerzo anual en marzo equivalente al 50% de la variación del RIPTE, si éste hubiese aumentado más que los precios. Por única vez se aplicará un incremento complementario al de abril pasado, que suba del 12,5% al 20% esa recomposición, y el haber mínimo no podrá estar por debajo de la canasta básica total de un adulto equivalente.

Se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme o las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.

• Esto representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI, en caso que continúen pagando hasta fin de año los bonos de $70.000 para jubilados de menores ingresos. Si éstos se discontinuaran ese costo añadido equivale al 0,74% del PIB.
• Para 2025, dependiendo de los posibles escenarios a aplicar, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PIB para el caso de continuidad de los actuales bonos. Comparado con la aplicación del DNU 274/24 sin bonos de $ 70.000 el impacto incremental se estima entre 1,14%y 1,25%.
• Las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales asciende a 703.353 millones de pesos (corrientes) monto equivalente a 0,13% del PBI.

El informe analiza los cambios introducidos en la media sanción de Diputados y en el dictamen de mayoría del Senado al texto original de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y su impacto fiscal.

En materia de impacto fiscal, se identificaron los siguientes cambios:

• En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, el aumento del beneficio a contribuyentes cumplidores podría potencialmente incrementar el costo fiscal de las modificaciones en los períodos fiscales 2023 a 2025, en comparación con el texto original del proyecto.
• Los cambios al texto de la reforma del Impuesto a las Ganancias reduciría el impacto de estas medidas sobre el impuesto determinado de 2024 de 0,5004% del PIB en el texto original a 0,4303% según el texto de la media sanción de Diputados y a 0,4111% del producto según el texto del dictamen de mayoría del Senado.
• En cuanto al Régimen Simplificado, el tratamiento diferenciado otorgado a los efectores sociales en el dictamen de mayoría del Senado moderaría el incremento previsto de la recaudación de Monotributo y del sistema de obras sociales.

Los siete proyectos analizados proponen restituir el Fondo de Incentivo Docente desde el primer día del 2024 por diferentes lapsos de tiempo, lo que supone abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.

El FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable.

El Fondo fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el presupuesto nacional.

• Durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.
• En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB.
• En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto., entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad.
• La restitución del FONID implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PIB si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024.
• Los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre.
• Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes.

El proyecto dispone que se coparticipe el 50% de la recaudación del impuesto que hoy se asigna íntegramente a ANSES, una vez detraída la porción que automáticamente se destina a AFIP (1,9%).

• Seguridad Social tendría una disminución de ingresos equivalente a 0,77% del PIB.
• De esa porción, el Tesoro Nacional recuperaría 0,30% del PIB sin asignación específica. El conjunto de provincias tendría 0,45% y ATN y Poder Judicial 0,01% del PIB en cada caso.
• Según los fundamentos del proyecto, la modificación propuesta se funda en un acuerdo de los gobernadores para compensar la caída de la masa coparticipable producida por las modificaciones del Impuesto a las Ganancias.
• Entre 2004 y 2023, la recaudación de este impuesto promedió 1,64% del PIB y 6,80% de la recaudación nacional. En ese período hubo sucesivos cambios normativos que impactaron en la distribución del recurso.

Se elimina la tasa de seguridad de la aviación abonada por los pasajeros de vuelos de cabotaje e internacionales a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuya recaudación no forma parte de ninguna partida detallada en el presupuesto nacional.

• Según información de PSA, en 2023 se percibieron $4.901 millones y en 2024 se percibirían $8.940 millones, a partir de la proyección de la recaudación del período enero-marzo ($2.789 millones).
• Los recursos se destinan al mantenimiento y actualización de equipamiento para la optimización y modernización de la infraestructura y de los métodos operativos del sistema de seguridad aeroportuaria, pero no puede financiar la contratación de personal para la prestación de servicios de la PSA ni el otorgamiento de incentivos a sus agentes.
• En 2023 representaron el 9,5% del total del presupuesto ejecutado por el organismo.

El presente informe complementa al publicado por esta Oficina el 2 de mayo de 2024, denominado “Impacto fiscal de proyectos de ley vinculados a movilidad de prestaciones – Despachos de comisión previsión y seguridad social”1 y contempla el Despacho correspondiente a Propuesta Republicana (PRO).

A los fines de estimar el impacto fiscal de este despacho se realiza una comparación entre la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta y la fórmula vigente, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24. Asimismo, se efectúa la comparación con la fórmula aprobada por Ley 27.609, con vigencia hasta el mes de marzo del corriente. El informe se análisis se efectúa sobre los supuestos macroeconómicos previstos por el ministerio de Economía para el ejercicio, considerando que la nueva norma se aplicaría a partir de mayo, mientras que la Ley 27.609, de enero a marzo, y DNU 274/24 en abril.

La fórmula prevista en el presente PL determina un gasto equivalente a 7,21% del PIB (incluyendo bonos), lo que implicaría 0,38 p.p. más que con la Ley 27.609 y 0,07 p.p. más que con la fórmula del DNU 274/24. Además el texto insta al Poder Ejecutivo Nacional a financiar el costo fiscal asociado a las medidas dispuestas mediante una reducción de los gastos tributarios, definidos en los términos del artículo 2 del Decreto Reglamentario 1.731/2004.