Los siete proyectos analizados proponen restituir el Fondo de Incentivo Docente desde el primer día del 2024 por diferentes lapsos de tiempo, lo que supone abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.

El FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable.

El Fondo fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el presupuesto nacional.

• Durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.
• En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB.
• En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto., entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad.
• La restitución del FONID implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PIB si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024.
• Los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre.
• Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes.

El proyecto dispone que se coparticipe el 50% de la recaudación del impuesto que hoy se asigna íntegramente a ANSES, una vez detraída la porción que automáticamente se destina a AFIP (1,9%).

• Seguridad Social tendría una disminución de ingresos equivalente a 0,77% del PIB.
• De esa porción, el Tesoro Nacional recuperaría 0,30% del PIB sin asignación específica. El conjunto de provincias tendría 0,45% y ATN y Poder Judicial 0,01% del PIB en cada caso.
• Según los fundamentos del proyecto, la modificación propuesta se funda en un acuerdo de los gobernadores para compensar la caída de la masa coparticipable producida por las modificaciones del Impuesto a las Ganancias.
• Entre 2004 y 2023, la recaudación de este impuesto promedió 1,64% del PIB y 6,80% de la recaudación nacional. En ese período hubo sucesivos cambios normativos que impactaron en la distribución del recurso.

Se elimina la tasa de seguridad de la aviación abonada por los pasajeros de vuelos de cabotaje e internacionales a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuya recaudación no forma parte de ninguna partida detallada en el presupuesto nacional.

• Según información de PSA, en 2023 se percibieron $4.901 millones y en 2024 se percibirían $8.940 millones, a partir de la proyección de la recaudación del período enero-marzo ($2.789 millones).
• Los recursos se destinan al mantenimiento y actualización de equipamiento para la optimización y modernización de la infraestructura y de los métodos operativos del sistema de seguridad aeroportuaria, pero no puede financiar la contratación de personal para la prestación de servicios de la PSA ni el otorgamiento de incentivos a sus agentes.
• En 2023 representaron el 9,5% del total del presupuesto ejecutado por el organismo.

El presente informe complementa al publicado por esta Oficina el 2 de mayo de 2024, denominado “Impacto fiscal de proyectos de ley vinculados a movilidad de prestaciones – Despachos de comisión previsión y seguridad social”1 y contempla el Despacho correspondiente a Propuesta Republicana (PRO).

A los fines de estimar el impacto fiscal de este despacho se realiza una comparación entre la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta y la fórmula vigente, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24. Asimismo, se efectúa la comparación con la fórmula aprobada por Ley 27.609, con vigencia hasta el mes de marzo del corriente. El informe se análisis se efectúa sobre los supuestos macroeconómicos previstos por el ministerio de Economía para el ejercicio, considerando que la nueva norma se aplicaría a partir de mayo, mientras que la Ley 27.609, de enero a marzo, y DNU 274/24 en abril.

La fórmula prevista en el presente PL determina un gasto equivalente a 7,21% del PIB (incluyendo bonos), lo que implicaría 0,38 p.p. más que con la Ley 27.609 y 0,07 p.p. más que con la fórmula del DNU 274/24. Además el texto insta al Poder Ejecutivo Nacional a financiar el costo fiscal asociado a las medidas dispuestas mediante una reducción de los gastos tributarios, definidos en los términos del artículo 2 del Decreto Reglamentario 1.731/2004.

FE DE ERRATAS: Este informe reemplaza la versión publicada el 14/05/24

El proyecto extiende la vigencia del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), amplía su presupuesto y propone una actualización anual automática ligada al precio del gasoil grado 2 vendido por YPF.

• Se le asignan recursos por $13.500 millones en este ejercicio
• El Fondo algodonero comenzó a tener reflejo presupuestario en el ejercicio 2006 pero sin asignación crediticia. A partir de 2007 se asignó un presupuesto de $25 millones y en el ejercicio 2024 cuenta con $500 millones, sin ejecución a la fecha.
• La actualización se realizará de forma anual, según la diferencia porcentual de variación del precio del gasoil GRADO 2 estipulado por la compañía YPF SA al 30 de septiembre de cada año calendario.

El proyecto propone la actualización mensual en base al IPC de las asignaciones familiares y prestaciones como Alimentar y la destinada a menores víctima de la violencia, que hasta ahora se ajustaron en base a la movilidad jubilatoria.

La fórmula propuesta implicaría un gasto equivalente a 1,23% del PIB, por encima de las erogaciones que implicaría la prórroga de la Ley 27.609 o el actual DNU 274.

Los ajustes están calculados con el mecanismo propuesto a partir de mayo y el IPC siempre es el de dos meses previos.

• A fin del 2024 los beneficiarios de las prestaciones orientadas a la niñez y adolescencia percibirían montos más elevados si se prorrogara la Ley 27.609, con excepción de la Prestación Alimentar, cuyo monto lo define el Ejecutivo.
• Con la fórmula prevista en el proyecto de ley las asignaciones familiares y los programas en el marco de la Ley Brisa quedarían rezagadas respecto a los aumentos que tendrían con la prolongación de la ley vigente o el DNU hasta fin de año.
• Por el incremento de su monto dispuesto en enero, las asignaciones universales (AUH y AUE), tendrían una mejora en el poder de compra, pero menos que con la ley o el decreto.
• La prestación Alimentar mejoraría en relación a la inflación (contra el supuesto de mantenerla fija).

Como todas las fórmulas contemplan ajustes en base a la inflación de períodos anteriores, un escenario de desaceleración de precios ayudaría a la recomposición real. Pero las otras variables como salarios y recaudación de Ansés pueden influir en sentido diferente.