La iniciativa dispone la cancelación total de la deuda intra sector público a través de la transferencia al Tesoro de los títulos en poder de entidades del Sector Público Nacional, incluyendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que sería eliminado.

El stock total de títulos en cartera de las entidades del SPN y FGS al 31 de diciembre de 2023 ascendió al equivalente de USD41.173 millones, la mayoría pagaderos en pesos.

• Luego de la consolidación, el stock total de la deuda pública expresada en dólares descendería a U$D327.299 millones.
• Al cierre de 2023, el 70,9% de la cartera de activos del FGS corresponden a instrumentos de deuda pública.
• La consolidación de las tenencias en mano del FGS, reduciría la deuda pública en el equivalente a U$D38.043 millones.
• El 92,4% de las tenencias sujetas a consolidación pertenecen a ese Fondo.

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El informe presenta el análisis de un primer grupo de las medidas de índole tributarias contenidas en el proyecto de Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, así como una estimación de su costo fiscal en los casos en que ello fue posible. El informe incluye las siguientes iniciativas:

• El Régimen sobre Regularización de Obligaciones Tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social proporciona mayores beneficios que los otorgados por normas vigentes. No se realiza una estimación el impacto fiscal de este Régimen debido a la gran cantidad de supuestos que debería hacerse respecto a decisiones individuales de los contribuyentes.
• Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. El proyecto postula la eliminación de este impuesto, que en ausencia de cambio normativo hubiera supuesto en 2024 una recaudación estimada de 0,0153% del PIB.
• La suba Derechos de Exportación vigentes o su aplicación sobre posiciones no gravadas podría aumentar la recaudación en 0,42% del PIB.
• El régimen de transparencia fiscal al consumidor, que obliga a discriminar el IVA en las facturas más allá de la categoría fiscal del comprador, no tiene impacto fiscal.
• El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no disminuye la recaudación porque involucra proyectos nuevos que, en la medida de concretarse, sí generarían un gasto tributario por los beneficios fiscales prometidos.

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A fin de promover el empleo registrado los artículos ofrecen incentivos a los empleadores que se acojan al régimen dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación de la ley, condonándoles al menos el 70% de las sumas adeudadas por falta de aportes a cualquier subsistema legal, con supresión de multas, acciones penales y otras sanciones y la eliminación del registro de infractores en el rubro.

• El impacto fiscal del régimen de regularización depende de la cantidad de empleados que resulten formalizados, número desconocido hasta el momento.
• Habrá un costo para el Estado en el corto plazo y una eventual mejora en la recaudación del Sistema de Seguridad Social a partir de esa formalización.
• No es posible realizar la cuenta integrada sin precisión sobre los trabajadores a formalizar ni el stock de deuda por aportes y contribuciones por registros deficientes.
• En 2023 los aportes y contribuciones por cada relación laboral registrada sumó alrededor de $1,92 millones, de los cuales $1,79 millones son recursos que quedaron en el ámbito público.
• El año pasado las multas por infracciones a la Seguridad Social sumaron $1.813 millones, equivalente al 0,001% del PIB.

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El artículo 106 del proyecto de ley suspende la movilidad de ajustes trimestrales para haberes y asignaciones familiares, sujeto a la evolución de los salarios y recursos de Anses, y atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar esas actualizaciones sin definir un parámetro para hacerlo. Esto impide hacer un cálculo preciso del impacto fiscal, pero habilita a describir posibles escenarios según el criterio que utilice ese poder en el futuro.

• Si no hubiese ningún aumento durante el año los haberes sufrirían un deterioro de 69,9% en su poder de compra y las prestaciones previsionales pasarían del 6 al 4,5% del PBI. La mitad de los beneficiarios resultarían indigentes y un 33% de ellos serían pobres.
• Si sólo hubiese ajuste para los más bajos ingresos, la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9%. Anses tendría un superávit de 1,2% del PBI y las prestaciones previsionales representarían 5% del PBI.
• Si se incrementaran en la misma proporción todos todos los haberes según la evolución de los fondos de Anses, la pérdida común sería de 19%. Si esta estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos la pérdida del resto subiría al 40%.
• Si todos los haberes se incrementaran según la inflación, no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de Anses subiría a 0,8% del PBI.
• Desde la aplicación de la fórmula de ajuste vigente (2021) hasta diciembre de 2023, los haberes mínimos que tuvieron bonos completos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 3,6% y el resto de 36,5%.
• El desacople entre precios y jubilaciones se produjo desde julio de 2022, cuando se aceleró la inflación.

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El dictamen de mayoría implica la creación del Instituto Nacional de la Danza (INDa) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, con una asignación de recursos en 2024 estimada en 2881 millones de pesos. Este monto surge de la reasignación de recursos tributarios ya existentes y del incremento en 3 puntos porcentuales de la alícuota del impuesto sobre los juegos de sorteos y concursos deportivos.

Por su parte, el dictamen de minoría no entraña costo fiscal, al disponer la creación de Consejo Nacional de la Danza en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, sin otorgarle a éste autarquía y sin habilitar la creación de nuevas partidas presupuestarias o la designación o contratación de personal.

Los dictámenes coinciden en reconocer el valor cultural de la danza y la necesidad de que la actividad sea promovida por el Estado.

El proyecto de ley propone establecer un reembolso adicional para las exportaciones que se realicen desde puertos y aduanas ubicados al sur del paralelo 40, que se incrementará cuando más austral sea el lugar de despacho de la mercadería.

Los productos pueden exportarse en estado natural o manufacturados en la región beneficiada con un reintegro adicional, que oscilará entre el 8 y 13%.

El costo fiscal estimado de ese beneficio implicaría un reintegro adicional de $3.396 millones para 2023 y de $12.548 para 2024.