El etiquetado presupuestario del cambio climático se aplica en Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Nicaragua y en Argentina se realizó una primera aproximación técnica al respecto en 2022. Esta herramienta ayuda a visualizar el gasto, articular políticas con asignación de recursos y a diseñar y monitorear la emisión de bonos verdes.

• Hay distintas propuestas metodológicas en el mundo y algunas podrían ser un complemento sustantivo del presupuesto tradicional.
• No hay un consenso global sobre la definición de los ingresos y gastos relativos al ambiente y el clima, sobre todo en términos de clasificadores presupuestarios.
• El BID propone evaluar el aporte a la “mitigación” o “adaptación” de cinco sectores: energía, medio ambiente, agro, transporte y gestión de riesgos.
• Indonesia fue el primer país en utilizar el etiquetado presupuestario como base para la emisión de un bono verde soberano.
• Francia tiene la obligación de informar al Poder Legislativo sobre el impacto del presupuesto en el cambio climático y es el único que etiqueta a los gastos con efectos ambientales negativos.

El ODS 10, uno de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas a los que Argentina adhirió, busca reducir las desigualdades en y entre los países.

El país asumió cuatro metas en relación con el ODS 10: lograr el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres de la población; promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 y el contexto económico inestable previo a la misma, resultaron en un fuerte deterioro de los indicadores de desigualdad de ingresos. Esta situación pone en evidencia los importantes desafíos que se presentan al Estado Nacional para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030.

• El ingreso del grupo más rico de la población representó 13 veces el ingreso del grupo más pobre en 2020
• La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres exhibió una tendencia creciente a partir de 2019, con un aumento significativo en 2020
• Entre los años 2016 y 2020, dos de cada diez personas tuvieron ingresos inferiores a la mitad de la mediana. La meta prevista para 2030 requiere de una fuerte reducción del indicador; situación contraria a lo ocurrido en los últimos cinco años.
• 33% de la población declaró haber sufrido algún tipo de discriminación en primera persona durante 2013 (último dato publicado por INADI). Si no se produce nueva información, no será posible valorar los esfuerzos a realizar para cumplir con la meta asumida por el país.
• La meta establecida para el Índice de Gini en el año 2023 implica alcanzar un valor por debajo del mínimo histórico registrado en los últimos 30 años, denotando así la magnitud del desafío a enfrentar.
• El gasto directo del ODS 10 totalizó $2,8 billones y el gasto indirecto $353,7 millones al mes de noviembre de 2020.
• El Potenciar Trabajo representó el gasto más relevante dentro de las erogaciones directas efectuadas por los organismos responsables.
• La ANSES tuvo un rol fundamental dentro del gasto orientado a mejorar la distribución del ingreso, mediante la gestión y liquidación de prestaciones monetarias a hogares o personas vulnerables.

Este documento presenta una extensión del Esquema de Consistencia Macro-Fiscal (ECM-F), expuesto en el informe “Lineamientos para la elaboración del escenario macroeconómico”, publicado en febrero de 2020, haciendo hincapié en la relación existente entre las variables del sector monetario-financiero y el resto de las variables de la economía.

El objetivo del presente documento es plasmar los principales aspectos metodológicos y las herramientas técnicas empleadas para la construcción de las variables monetarias-financieras, que integran el ECM-F.

Con ello, se busca profundizar el análisis del ECM-F y potenciar la calidad técnica de las proyecciones de corto, mediano y largo plazo elaboradas por la Oficina.

El Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas económicas en el marco de la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica actual generada por el COVID-19.

Hasta el 5 de octubre las medidas anunciadas para afrontar la crisis implican un monto de $941.328 millones, equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $96.210 millones (0,4% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $530.146 millones (2,0% del producto).

Este es un informe dinámico que se irá actualizando permanentemente, en tanto vayan surgiendo nuevas normas por parte del gobierno nacional que se tomen en el marco de la pandemia, o modificaciones presupuestarias que actualicen las partidas del presupuesto con el fin de atender gastos derivados de la emergencia sanitaria.

Durante la última década las transferencias monetarias a personas y hogares se consolidaron como instrumento de política social y crecieron de 39 a 47% del gasto de la Administración Pública Nacional. Por las moratorias previsionales, las pensiones por invalidez y la Asignación Universal por Hijo (AUH) ganaron peso relativo las prestaciones no contributivas y semi-contributivas.

• Desde 2008 las transferencias crecieron sostenidamente en términos de PBI y alcanzaron su pico en 2017, con el 11,3%. A partir de dicho año se redujeron aproximadamente un punto porcentual hasta 2019.
• El número de beneficios creció de 12,7 a 21,3 millones entre 2008 y 2019.
• La cantidad de hogares que recibieron ayudas económicas aumentó de 2,5 a 6,6 millones.
• Los menores de 18 años fueron los principales destinatarios.
• En el periodo 2008-2019 el seguro de desempleo cubrió en promedio 9% de los desocupados.
• Las moratorias previsionales implican un gasto del 2,6% del PBI. 3,6 millones de personas han logrado acceder a los beneficios de la Seguridad Social a través de la moratoria previsional.
• El subsistema no contributivo es el que mayor cantidad de beneficios brinda, con un total de 10,1 millones en 2019, pero con un gasto de 2,1% del PIB.
• Los importantes efectos económicos y sociales asociados a la actual crisis sanitaria mundial podrían requerir la reconfiguración del sistema de protección social argentino a los fines de garantizar el efectivo goce de los derechos de la población.