En este informe se analiza el impacto que ha tenido la Tarjeta Alimentar en los indicadores de condiciones de vida de la población y de los hogares en el 2021.

De no mediar la asistencia financiera en el marco de la Tarjeta Alimentar, las tasas de pobreza e indigencia en hogares resultarían 2,2% y 10,7% mayores a las registradas, respectivamente.

Asimismo, al analizar el efecto de la Tarjeta Alimentar en conjunto con otras prestaciones (AUH y PNC de Madres) se observa que de no recibir los hogares esta ayuda estatal, las tasas de pobreza e indigencia resultarían 5,2% y 39,4% mayores, respectivamente.

Se aprecia que los esfuerzos presupuestarios realizados por el gobierno nacional para contribuir a la seguridad alimentaria han tenido un impacto positivo en reducir las cifras de pobreza e indigencia en el país.

Según el último relevamiento disponible del INDEC, el 9,4% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad, limitación que afecta a unos 4.300.000 de ciudadanos y que prioritariamente se presenta en el último tramo de su vida activa.

El gasto destinado a personas con discapacidad ascendió a $353.365,64 millones en 2021 y representó el 3,3% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) y el 0,8% del Producto Bruto Interno.

El 84,3% de los recursos fueron concentrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), seguido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 13,1%.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral concentraron el mayor presupuesto (81% del presupuesto total de la ANDIS y 68,7% del gasto total etiquetado). La inversión estatal está centralizada y tiene un perfil asistencialista, lo que no se ajusta estrictamente a los postulados de acuerdos internacionales.

Esta situación se consolida con las políticas de ANSES y Desarrollo Social mediante el otorgamiento de asignaciones familiares y universales por hijo con discapacidad y la provisión de tarjetas alimentarias.

La legislación sobre la materia es profusa pero el etiquetado de actividades presupuestaria del rubro resulta limitado para evaluar las políticas del área.

El 88,7% del gasto nacional vinculado a la niñez y adolescencia ejecutado durante el 2020 se destinó, en primer lugar, a complementar los ingresos familiares y, en segundo lugar, a garantizar una adecuada nutrición, políticas estrechamente ligadas a la mitigación de la pobreza e indigencia.
Con esos fines se utilizaron $860.544,5 millones sobre un total de $969.696,7 destinados por el Estado Nacional a las políticas identificadas para la niñez y la adolescencia.
El gasto nacional de 2020 vinculado a la niñez y adolescencia representó el 3,6% del PBI estimado para el año y 13,8% del gasto total.

• En diciembre de 2020 se abonaron 8.507.522 asignaciones, de las cuales 47,4% correspondieron a asignaciones familiares por hijo/a e hijo/a con discapacidad y 52,6% a asignaciones universales por hijo/a para protección social.
• Las asignaciones por hijo/a mencionadas cubrirían, aproximadamente, al 62,3% de los niños, niñas y adolescentes del país.
• Por la caída de la actividad económica, la cobertura para hijos/as de trabajadores/as en relación de dependencia se redujo desde fines de 2019 en 472.289 beneficiarios (niños, niñas y adolescentes); mientras que la cobertura de la AUH aumentó en 179.191.
• Las metas físicas sobre vacunación de niños y niñas contra enfermedades previstas en el calendario oficial evidenciaron porcentajes bajos de ejecución, sin superar en ningún caso el 40% de los previsto. La entrega de leche fortificada fue 33,9% inferior a lo previsto.
• En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, se han asistido 268,9% comedores comunitarios más de lo previsto y se otorgaron un 35,4% más de complementos alimentarios a comedores comunitarios.

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A mediados de 2020, existían en Argentina 13.151.586 niños, niñas y adolescentes (grupo de personas hasta 17 años). El 57,1% era pobre y el 15,8% indigente, valores muy superiores a los del promedio general de la población.

•  4,6 millones de niños y niñas y 2,9 millones de adolescentes se encontraron bajo la línea de pobreza.
• Las tasas de pobreza e indigencia en hogares con niños, niñas y adolescentes triplicaron a las de los hogares sin ellos.
• El 40% de los hogares con personas ocupadas en donde viven personas menores de edad se encontró por debajo de la línea de pobreza. Esto implica que pese a contar con al menos un ingreso laboral, dicho ingreso no resultó suficiente para cubrir las necesidades básicas familiares.
• El 96,9% de los niños, niñas y adolescentes en edades de educación obligatoria (4 a 17 años) se encontraba escolarizado, asistiendo la mayoría a establecimientos de gestión estatal. Para el segmento no obligatorio ese porcentaje baja a 14,5%.
• La incidencia de la pobreza cae de modo abrupto si el/la jefe/a de hogar logra concluir sus estudios secundarios. Sin embargo, uno de cada seis hogares con jefe/a universitario/a se encontró por debajo de la línea de pobreza.
• Las acciones emprendidas por el Estado Nacional para atender a niños, niñas y adolescentes implicaron un esfuerzo presupuestario de 3,6% del PBI en el año 2020 y representaron el 12,7% del gasto total.
• Las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones generales de la población pero que tienen impacto también sobre este segmento, insumieron 2,4% adicional.
• Los esfuerzos estatales fueron insuficientes para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de este grupo etario, resultando necesario profundizar la atención sobre él para garantizar su acceso a derechos básicos.