Actualmente, las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de los programas Políticas Alimentarias y Plan Nacional de Protección Social, ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, como así también a través del programa Pro Bienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
De la lectura del proyecto de ley surgen dos escenarios posibles para la estimación de un costo fiscal:
- Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones.
- Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.