OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – JUNIO 2025

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – JUNIO 2025

Durante junio el stock de la deuda en pesos se incrementó 2,1% y totalizó $248.573.642 millones, por el efecto combinado de los ajustes de valuación del capital y la capitalización de intereses, contrarrestado por la cancelación neta de capital.

Por el contrario, la pagadera en moneda extranjera se redujo en USD192 millones respecto del mes anterior y totalizó USD254.647 millones.

El 55,1% de la deuda en pesos es ajustable por CER.

El Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $14.730.814 millones, de los cuales $11.124.534 millones fueron por licitación.

Hubo cancelaciones de capital de deuda en moneda extranjera por USD1.427 millones, principalmente por la recompra del Tesoro de tenencias del BCRA de títulos en dólares Bonar AL30 y Global G30 por USD1.299 millones.

Los vencimientos para el periodo de julio a diciembre en moneda local se estiman en $103.163.759 millones y en moneda extranjera en USD8.775 millones.

IMPACTO FISCAL DE UN INCREMENTO EXCEPCIONAL Y DE EMERGENCIA PARA LAS JUBILACIONES Y PENSIONES – EXPEDIENTE CD 4-25

IMPACTO FISCAL DE UN INCREMENTO EXCEPCIONAL Y DE EMERGENCIA PARA LAS JUBILACIONES Y PENSIONES – EXPEDIENTE CD 4-25

La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.

El costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y  asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.

En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)

Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).

Sin la nueva norma los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.

Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY – EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LEY 27.705 SOBRE PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL – EXPEDIENTE CD 6-25

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY – EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LEY 27.705 SOBRE PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL – EXPEDIENTE CD 6-25

La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, Ley 27.260). Este análisis incluye la ampliación de los períodos considerados para la constitución de los planes de pago de deuda y la cancelación de aportes y la modificación de las condiciones de acceso a la PUAM. Considera además la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo se desagrega de la siguiente manera:

  • Impacto por moratoria previsional: La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
  • Impacto por Ampliación de la PUAM: La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios.
IMPACTO FISCAL DE UN INCREMENTO EXCEPCIONAL Y DE EMERGENCIA PARA LAS JUBILACIONES Y PENSIONES – EXPEDIENTE CD 4-25

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY – EMERGENCIA NACIONAL EN DISCAPACIDAD – EXPEDIENTE CD 5-25

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario. Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:

  • Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad: Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
  • Incentivo a la contratación: La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
  • Compensación de emergencia a prestadores: Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
  • Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).

El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar. Por lo tanto, el costo fiscal total aquí presentado debe considerarse como una estimación de mínima.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JUNIO 2025

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – JUNIO 2025

Con una caída de ingresos superior al recorte de gastos, durante el primer semestre del año la Administración Pública Nacional registró un superávit financiero de $0,6 billones y otro primario de $6,7 billones.

  • En junio la APN registró un déficit primario de $1,0 billón y otro financiero de $2,7 billones.
  • En el primer semestre, los ingresos totales cayeron 0,6% y los gastos 0,2%.
  • Los gastos que tuvieron mayores aumentos reales respecto del año anterior fueron las transferencias a provincias, los aportes del Tesoro al PAMI, jubilaciones y asignaciones familiares.
  • Los recursos de la Seguridad Social crecieron 25,4% y llevan diez meses seguidos de suba por recuperación de la masa salarial.
  • También se incrementó la recaudación de impuestos ligados al nivel de actividad como IVA, Créditos y Débitos Bancarios y derechos de importación.
  • Los intereses de la deuda pagadera en pesos y en moneda extranjera retrocedieron 19,7% respecto a los pagos realizados en el mismo lapso del 2024.
  • El gasto primario subió 2,8% en el primer semestre de este año. En 2024 había caído 27,4%.
OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – MAYO 2025

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA – MAYO 2025

En mayo el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $243.464.227 millones, 2,6% mayor respecto del cierre de abril, mientras que la pagadera en moneda extranjera disminuyó 4,9% y totaliza USD254.842 millones.

  • El Tesoro recompró letras intransferibles por USD13.091 millones con los fondos obtenidos por el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas de abril.
  • Una de las dos licitaciones que hizo el Tesoro en mayo implicó la emisión de un nuevo bono en pesos a tasa fija orientado exclusivamente a inversores internacionales, bajo legislación local, de suscripción en dólares y con vencimiento en mayo 2030.
  • Se cancelaron intereses de deuda en moneda extranjera por el equivalente a USD854 millones, de los cuales USD612 millones correspondieron a préstamos del FMI.
  • El Tesoro no registró financiamiento neto por AT, con lo cual el stock permaneció invariable desde agosto 2023 en $4.091.100 millones.
  • Los vencimientos en pesos de junio a diciembre de 2025 ascienden a $102.936.462 millones y en moneda extranjera se estiman en el equivalente a USD9.219 millones.