El proyecto propone la creación de un registro de productores agropecuarios que utilizan riego intensivo en el uso de energía eléctrica por red y dispone un conjunto de medidas fiscales tendientes a incentivar a dichos productores a su reemplazo por tecnologías para riego de menor demanda de energía.

Los beneficios propuestos en el proyecto son la rebaja de la alícuota del IVA para la compra de energía eléctrica, reducción en las tarifas vigentes de energía y la posibilidad de acceso a líneas de crédito para la reconversión energética.

Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal directo de este proyecto sería muy reducido, dado que el mecanismo de reducción de IVA en las compras de determinados eslabones en la cadena productiva no tiene impacto directo, sino financiero para los contribuyentes sujetos a dicho impuesto.

El proyecto dispone la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario con el objetivo de generar fondos tributarios que permitan implementar medidas orientadas a morigerar el efecto económico de la pandemia del Covid-19.

Propone la implementación de un impuesto aplicable a las personas humanas con bienes declarados por más de $200 millones durante el ejercicio 2019, bajo un esquema de alícuotas progresivo, en que las alícuotas progresivas van desde 2% hasta 5,25%.

Según cifras de AFIP, la recaudación podría alcanzar los $307.898 millones (equivalente a 1,1% del PIB del corriente año, dado que la base imponible habría trepado a $8.856.961 millones (41,1% del PIB).

La incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del Aporte Solidario en análisis sea aproximadamente 4 veces superior a la de dicho tributo.

El Proyecto de Ley S-1565/19 para la Ley Nacional de Juventudes tiene por objeto instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de la juventud, así como la implementación de políticas públicas para garantizar y promover su ejercicio efectivo.

El Proyecto de Ley promueve cambios en la estructura institucional con competencia sobre los sectores y áreas que intervienen en los temas de juventudes. En particular, propone la creación de tres organismos de promoción de las juventudes, a saber: la Secretaría Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), como entidad descentralizada de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Federal de las Juventudes, en el ámbito del INJUVE.

El Proyecto de Ley prevé que las partidas necesarias para su cumplimiento no podrán ser inferiores al 0,02% del total de los Ingresos Corrientes contemplados en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

A partir de ello se estima que el costo fiscal asociado al Proyecto de Ley ascendería a $928 millones en 2020 y a $1.344 millones en 2021.

El Proyecto de Ley S-1566/20 tiene por objeto garantizar el acceso a internet de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la AUH a través del otorgamiento de 5GB (datos móviles) mensuales por parte de las empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil para las líneas de celular cuyo titular sea perceptor de la AUH.

Se estima que el mencionado Proyecto de Ley tendrá un costo fiscal de $1.288 millones por mes.

Si se asume que el beneficio se hará efectivo a partir del mes de octubre del corriente año manteniéndose en vigencia hasta el 31 de diciembre (de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Ley) el costo total de la medida ascendería a $3.864 millones en el año 2020.

La propuesta de dictamen de la Ley Yolanda tiene por objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública, a partir de la unificación de los lineamientos establecidos por los Proyectos de Ley S-1120/20 y S-1216/20.

El costo fiscal asociado a la ejecución de la capacitación que se propone se estima mediante el cálculo de los costos de tres conjuntos de acciones asociadas:

1. Elaboración, difusión y circulación de los lineamientos generales y certificación de las capacitaciones.
2. Preparación de la capacitación (desarrollo y adecuación de los programas, preparación de contenidos, definición de materiales y organización de las actividades de aprendizaje).
3. Dictado de la capacitación a los agentes del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF).

A partir de lo anterior, se estima que el costo fiscal asociado a la medida ascendería a $254.940.000

COSTO FISCAL DEL DICTAMEN DE COMISIÓN PROYECTOS DE LEY S-1120/20 y S-1216/20 - LEY YOLANDA

 

El alcance nacional del proyecto de ley que se promueve a fin de instaurar un Sistema Único de Historia Clínica Electrónica (HCE) implica desafíos culturales, organizacionales, técnicos y profesionales a superar en el sendero de la Cibersalud o eSalud en que se encuentra nuestro país como la mayoría de los países de la región y del mundo.

De las características de diseño, desarrollo y estrategia de implementación que se adopten para llevar adelante este Sistema Único de HCE, surgirán los requerimientos en materia de recursos humanos, infraestructura y equipamiento tecnológico necesarios, así como los relacionados a la gestión del cambio dentro de las instituciones de salud y de la población toda, en su condición de titulares de su Historia Clínica Electrónica.

Una vez que se cuente con estas consideraciones, se podrá evaluar el impacto fiscal del proyecto de ley que se promueve, teniendo en cuenta por la experiencia de implementación en otros países y en algunas instituciones del nuestro, que es un gran desafío garantizar la sostenibilidad y continuidad de la iniciativa en el tiempo.

IMPACTO FISCAL DEL BORRADOR DEL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA