Las ventajas impositivas para empleadores, incluidas en el Proyecto de ley de Régimen Federal de Inclusión Socio-laboral para Personas con Discapacidad, originarían un impacto fiscal negativo estimado de $1.725 millones el primer año y $1460 millones los siguientes.
Sólo en el primer año de prestación de servicios, estará vigente el beneficio de tributar la mitad de las contribuciones patronales. Durante el tiempo de contratación, el empleador podrá deducir la totalidad de las remuneraciones que queden bajo el régimen del Impuesto a las Ganancias.