La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.
Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.
- Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
- Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
- Compensación de emergencia a prestadores: $278.323 millones.
- Asignación para talleres de producción: $7.160 millones.
No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso.