Hasta el 31 de mayo la Administración Pública Nacional acumuló un déficit primario de $172.411 millones y uno financiero de $395.353, con una priorización del gasto en servicios sociales, que representaron el 69,1% del gasto total ejecutado.
El detalle surge del informe de avance del proyecto de ley de presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional a fin de junio.
El trabajo precisa que el paquete fiscal y financiero para paliar los efectos de la pandemia alcanzó una suma equivalente a 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, proporción que bajaría a 1,4% del PBI este año, con recursos destinados a proteger a las familias y a sectores específicos.
El monto de intereses de deuda estimado para este año se calcula equivalente a 1,5% del PIB. Fuera de este valor, el informe no presenta proyecciones para 2021 ni 2022.
Entre los objetivos de la política presupuestaria para el año próximo se destacan la gestión de la macroeconomía, el desarrollo de la infraestructura del país, el fortalecimiento productivo, la inclusión social activa con perspectiva de género, la educación, la salud y la inversión pública.
